Moncloa se rinde a la evidencia y asume, según deslizan fuentes gubernamentales, que habrá rebajas de penas por malversación tras la entrada en vigor del nuevo tipo penal que 'abarató' el delito en contrapartida a ERC, que buscaba favorecer a sus condenados por el procés y a los aún pendientes de juicio. Todo parece indicar que el trabajo de ingeniería jurídica desplegado por el Ejecutivo se le volverá de nuevo en contra, como ya ocurrió con la ley del 'solo sí es', cuya aplicación provocó que más de 130 condenados por agresiones sexuales y violaciones se beneficiaran de rebajas de penas. Es más, en el PP ya hacen sumas: hasta 140 con la malversación.
Y todo pese a que el Ejecutivo se las ingeniara para introducir un párrafo vía enmienda en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal que vio la luz a finales de año para impedir que la Justicia revise a la baja las penas impuestas a los condenados por abuso sexual y por malversación ante los dos cambios legales efectuados en la tipología de sendos delitos. En plata: el objetivo del Ejecutivo era dotar a los jueces de una especie de brújula para que interpreten 'como ceben' sus reformas legislativas.
Moncloa explicó entonces que el plan era reforzar el objetivo del legislador. Eso sí, se apresuró a dejar claro que esa enmienda no se creó ad hoc para solventar los efectos indeseados de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Ni tan si quiera por si, como ya está sucediendo con el caso Acuamed, la reforma de la malversación provoque los mismos efectos indeseados. Eso sí, el Gobierno aseguró que esa 'instrucción' a los jueces "vale para la malversación". Es decir, que el Gobierno sabía que iba a pasar.
El PP se frota las manos
El problema que enfrenta Moncloa es que esa enmienda, por modificar precisamente la exposición de motivos, carece de poder normativo aunque es, según el Gobierno, toda una guía para los jueces con la que el Gobierno intentó dar por 'zanjado' el asunto de la reforma del Código Penal. La intención era sacudirse cuanto antes el marrón de las contrapartidas a los independentistas para encarar este año, el último antes de las elecciones generales, con el altavoz en modo campaña electoral. Pero las tretas legales del Gobierno se lo ponen difícil. Y el PP se frota las manos, dispuesto a atizar al Gobierno por este asunto en cuanto arranque el goteo que anticipan.
El Gobierno, mientras, insiste en que con su reforma no solo no se rebajan las penas por el delito de malversación sino que se amplían los supuestos legales de delito. Pero ya han saltado todas las alarmas después de que la Audiencia Nacional planteara este martes a la Fiscalía revisar un caso de corrupción tras la reforma de la malversación.
Aunque Moncloa echó balones fuera: "Es un caso es fase de instrucción. No hay sentencia ni condena. Es un trámite procesal en el que se dirigen a las partes para que actualicen sus escritos con la nueva ley que entra en vigor. Este Gobierno no va a despenalizar ningún tipo de malversación. Todo lo contrario, incluye casos penales que antes no se contemplaban", espetó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Bolaños, el autor tocado
Lo cierto es que la posición del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el consejo de ministros está comprometida. Cabe recordar que es el autor intelectual de la treta jurídica con la que Moncloa intentó propiciar la renovación del Tribunal Constitucional, que paralizó el órgano de garantías tras aceptar el recurso del PP. También de la introducción de la enmienda transaccional para 'orientar' la acción de los jueces. En caso de que se produzcan revisiones a la baja de la malversación, el jarro de agua dejará empapado a Bolaños por mucho que el Gobierno le parapete en la agresividad de una Justicia, supuestamente compinchada con el PP.
El presidente del Gobierno admitió el día de la Constitución que el Ejecutivo negociaba con ERC la reforma del delito de malversación, como ya adelantó este diario. Entonces dejó claro, en una conversación informal con periodistas, que no habría ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Y que la enmienda que presentaron los republicanos no beneficiaría a todos los encausados y condenados por ese delito.
Si eso termina ocurriendo, la responsabilidad política esperaría al máximo responsable del Gobierno: a su presidente, porque Sánchez recalcó que no habría ningún retroceso en las medidas de lucha contra la corrupción política ni en las penas asociadas a ella. E hizo esa defensa de sus planes cuando se le preguntó si la reforma de la malversación podría beneficiar al expresidente andaluz José Antonio Griñán. Pero la credibilidad del presidente está tocada.
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