El Gobierno está perfilando con los sindicatos y la patronal de empresarios una ayuda extraordinaria para aquellos trabajadores desempleados que hayan agotado las ayudas entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre. El Ministerio de Trabajo ha impulsado esta nuevo subsidio de emergencia, que afectará a 550.000 parados y dotará a cada una de estas personas de una ayuda de 430 al mes durante un trimestre.
“Está casi todo. Solo estamos a la espera de recibir la redacción para ver cómo se concreta lo que hemos hablado”, resume en declaraciones a 'El País', el diario que este lunes ha adelantado esta información, una de las fuentes presentes en las negociaciones. Hasta que el texto no sea una realidad, algo que ya se ha retrasado sobre los plazos barajados inicialmente, nadie dará por hecho el contenido del acuerdo, que además deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Esta ayuda extraordinaria, únicamente pensada para aquellos trabajadores que hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, era una de las demandas planteadas por los sindicatos como solución al caso de todas aquellas personas que consumieron dicha presentación sin la oportunidad de encontrar un nuevo empleo por la coyuntura de las restricciones impuestos con el estado de alarma.
A diferencia de lo que sucede con otros subsidios, este no precisará de una prueba que acredite que no se llega a un mínimo de renta, ya que esto no será un requisito. La otra gran novedad de esta paga es que, frente a la cobertura proporcional de aquellos que afectados por un ERTE que contaban con un contrato a tiempo a parcial, la administración recalculará la ayuda y compensará a estos trabajadores con una sola paga equivalente al dinero que hayan dejado de percibir.
El Gobierno invertirá 700 millones; menos que los ERTE o las ayudas a autónomos
Este segundo aspecto beneficiaría a unos 150.000 desempleados, aunque se desconoce por ahora el coste completo, pues deberá de la base de cotización y la jornada de cada trabajador afectado. En suma, la ayuda estará disponible para 550.000 personas en España, consistirá en un pago mensual de 430 euros durante un trimestre para más medio millón de personas, por lo que el gasto total que acarreará se elevará por encima de los 700 millones de euros.
Esta ayuda conllevará para las arcas públicas un desembolso de 700 millones, una cifra ostensiblemente inferior a la del gasto de los ERTE o el de las prestaciones para los autónomos
Estas cifras, pese a su voluminosidad, distan de las de otras ayudas impulsadas para amortiguar el efecto de la crisis derivada de la pandemia, pues solo los ERTE han afectado a más de 3,4 millones de trabajadores -con un desembolso de 9.000 millones de euros entre abril y julio- y la prestación económica para los autónomos ha cubierto a más de 1,4 millones de trabajadores por cuenta ajena, con un gasto mensual de 1.2000 millones de euros.
El Gobierno enmarca esta ayuda en el paquete de medidas bajo el paraguas de ese "escudo social" al que ha apelado el Ejecutivo desde el inicio del estado de alarma para proteger a aquellos desempleados como consecuencia directa de las medidas adoptadas frente a la covid-19, aunque ahora va un paso más allá al ir dirigida también a aquellas personas afectadas indirectamente.
CCOO y UGT han sido los principales impulsores de la medida, que ha contado con el apoyo de las patronales de empresarios y autónomos
CCOO y UGT han sido los negociadores centrales y principales impulsores de la medida, aunque fuentes de los mismos reconocen a 'El País' que no solo no han tenido discrepancia alguna con las patronales de empresarios (CEOE y Cepyme), sino que los empresarios les han mostrado su apoyo, aunque durante las conversaciones hayan mantenido un perfil más bajo.
No obstante, el planteamiento de la ayuda concuerda con lo que la patronal ha esgrimido desde que se inició la pandemia. CEOE ha defendido dar ayudas masivas para apoyar a las empresas y mantener el empleo y las rentas este año. Y esta ayuda excepcional encaja en ese argumento ya que será un gasto extraordinario que no se convertiría en estructural.
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