El Gobierno se ha comprometido con los agentes sociales, patronal y sindicatos a enviar a la Comisión Europea (CE) reformas laborales y en pensiones que hayan sido consensuadas aunque avisa de que Bruselas espera un grado bastante profundo de concreción para otorgar los fondos de reconstrucción.
Tras la tercera reunión de la Mesa de Diálogo Social sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que han participado seis ministros y los máximos dirigentes de la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha señalado que ya se han enviado a la Comisión Europea 28 de los 30 componentes que incorporan reformas a abordar entre 2021 y 2023.
Sin embargo, tras un encuentro de casi tres horas que se ha desarrollado en un ambiente cordial, los agentes sociales han mostrado ciertas reticencias al no conocer los textos íntegros de las propuestas remitidas o pendientes de envío a la CE y han advertido de que éstas deben dejar "margen" para una posterior negociación y concreción en el Diálogo Social.
Dos de las propuestas de reformas que no se han remitido son precisamente la del mercado de trabajo y la del sistema de pensiones, que según los agentes sociales el Gobierno no ha profundizado durante el encuentro.
En este sentido, Calviño ha avanzado que seguirán trabajando en las próximas semanas después de que se envíen los documentos a las patronales y a los sindicatos.
A la reunión han asistido además de la vicepresidenta económica, la ministra de Hacienda; la ministra de Educación y Formación Profesional; la ministra de Trabajo y Economía Social, la ministra de Industria, Comercio y Turismo y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Laboral y pensiones, en "fase inicial"
Calviño ha puntualizado que en el ámbito laboral y de las pensiones se está en una "fase inicial" de trabajos y "al principio de un proceso" por lo que "no hay ninguna decisión tomada" por ejemplo sobre los años necesarios para el cálculo de la pensión.
"Lo que si está claro como prioridad es que se garantizará el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema a corto y medio plazo", ha puntualizado.
Calviño ve "imprescindible" contar con el punto de vista de los agentes sociales para definir los elementos centrales de las dos reformas aunque ha añadido que la Comisión Europea también "espera un grado profundo de detalle de las inversiones y de las reformas".
Ha señalado que el Gobierno tiene identificados los principales elementos de reforma para mejorar la estructura de los contratos, la negociación colectiva, las políticas activas de empleo, la dualidad del mercado laboral y la modernización de los servicios públicos de empleo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno que, en materia sociolaboral, no se comprometa con Bruselas hasta el punto de "vaciar de contenido las mesas de diálogo social" abiertas o que se abran en un futuro.
"CCOO y UGT no vamos a hacer actos de fe en este proceso de negociación porque somos conscientes de que compromisos muy cerrados con la Unión Europea no dejan oxigeno al diálogo social", ha remarcado Sordo.
En este sentido, ha dejado claro que la recepción de los fondos europeos no está condicionada a la ejecución de reformas ni en materia laboral ni de pensiones, al contrario, ya que modernizar los modelos actuales "no está prohibido por la Comisión Europea".
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que "hemos perdido los meses de la pandemia", tratando de proteger a empresas y trabajadores, sin abordar la derogación de la reforma laboral de 2012, entre otros asuntos urgentes.
En materia de pensiones, Álvarez ha apuntado que los sindicatos quieren participar y acordar la vuelta a la reforma de pensiones de 2011, que no pasa por un recorte de prestaciones, sino por tocar los ingresos, como elemento fundamental, logrando que la Seguridad Social solo afronte los gastos que le son propios.
Desde la patronal Cepyme, su presidente, Gerardo Cuerva, ha pedido al Gobierno "prudencia y realismo" a la hora de abordar las reformas necesarias y tener muy en cuenta a la pyme, también en el uso de los fondos europeos.
En este sentido, ha planteado fijar un porcentaje obligatorio de la contratación para pymes para hacer las inversiones más productivas y mejorar la competitividad de la economía.
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