El caso de las mascarillas ha vuelto a poner contra las cuerdas al expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Informaciones publicadas por El Mundo revelan una serie de mensajes de WhatsApp que implican directamente a Torres y su equipo en la gestión de contratos millonarios durante la pandemia. La trama, que gira en torno a la empresa Soluciones de Gestión y su relación con Koldo García, colaborador cercano del exministro José Luis Ábalos, evidencia un supuesto favoritismo y uso indebido de recursos públicos.
Según El Mundo, Torres se comunicó directamente con Koldo García durante el proceso de adjudicación de contratos a la empresa vinculada a la trama. En una conversación clave, el entonces presidente canario garantizó a García que esa noche “dormiría bien”, después de intervenir personalmente para desbloquear el pago a Soluciones de Gestión. Además, el periódico accedió a nuevos mensajes que muestran cómo el equipo de Torres proporcionó información interna sobre expedientes administrativos y órdenes de pago, incluyendo documentos confidenciales.
Esta comunicación directa entre el Gobierno canario y los representantes de la trama pone de manifiesto un presunto uso irregular de recursos públicos. Los mensajes revelan que el comisionista Víctor de Aldama recibía en tiempo real detalles sobre las transacciones y documentos reservados de la Administración canaria, un hecho que ha levantado sospechas de prevaricación.
Una trama millonaria bajo investigación
El caso de las mascarillas se centra en la compra de hasta 12 millones de euros en material sanitario durante los momentos más críticos de la pandemia. La empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, obtuvo contratos pese a que su objeto social no estaba relacionado con la venta de material sanitario. Según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la compañía no acreditó la solvencia técnica ni profesional necesaria para contratar con la administración pública.
Este informe, que fue cerrado el pasado 11 de noviembre, concluye que las contrataciones de Soluciones de Gestión incurren en causa de nulidad. La Audiencia de Cuentas también subraya que el Servicio Canario de Salud adjudicó contratos sin comprobar las capacidades legales de la empresa. Todo apunta a que se trató de un proceso irregular que ahora podría tener repercusiones judiciales.
El Parlamento canario, escenario de la batalla política
En febrero, la Comisión Especial de Cuentas del Parlamento canario votará el informe de fiscalización que cuestiona las contrataciones. Este informe cuenta con el apoyo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), socios en el actual Gobierno canario, quienes han manifestado su intención de llevar al propio Torres a declarar ante la comisión.
“Tras lo publicado, Torres ya no puede decir que no conocía la empresa ni que no intervino. Está demostrado que presionó a los técnicos para favorecer a la trama”, explicaron fuentes de CC. Por su parte, desde el PP canario han ido un paso más allá, exigiendo la dimisión inmediata del ministro: “¿Qué más tiene que pasar para que deje su cargo?”.
Una dimisión que el PSOE evita abordar
El Partido Socialista ha optado por mantenerse al margen de las acusaciones, mientras los socios gubernamentales en Canarias fortalecen su alianza en medio del escándalo. La dirección nacional del PSOE confiaba en que la coalición entre CC y PP se fracturara debido a las tensiones sobre la reforma migratoria, pero el caso de las mascarillas ha logrado unir a ambos partidos frente a un enemigo común.
Desde la dirección nacional del PP, Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad, ha afirmado que este caso demuestra que Torres “mintió” cuando en el Senado negó haber hablado con Koldo García sobre los contratos. “Cuando Pedro Sánchez regrese estas Navidades, la justicia seguirá investigando a su Gobierno y su entorno”, señaló Muñoz.
Uno de los elementos más graves del escándalo es la implicación de Antonio Olivera, actual director del Gabinete del ministro de Política Territorial y entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario.
Según las revelaciones de El Mundo, Olivera compartió documentos internos con Koldo García, incluyendo un mensaje del viceconsejero de Hacienda que confirmaba la transferencia de fondos a la empresa de la trama: “Pagado hoy. Les llegará a la empresa mañana o el lunes”. El nivel de celeridad exigido por García también quedó registrado en los mensajes, en los que solicitó que los pagos se realizaran “lo antes posible”.
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