El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir la retirada de la Proposición de Ley, que se mantenía paralizada desde el pasado mes de octubre para modificar la forma de elección de los Consejo General del Poder Judicial (CGP) que fue fuertemente contestada por las asociaciones de jueces y puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.
"Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren", ha manifestado el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Este anuncio se produce horas después de que Campo mantuviera una reunión telemática con la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Justicia, Vera Jourova, quien le trasladó que considera "urgente" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una declaración de Jourova difundida tras el encuentro, la vicepresidenta comunitaria consideró que había sido "muy útil" porque, el ministro le garantizó que la reforma promovida por el PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección del CGPJ "no será llevada adelante".
De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, que se mantenía en suspenso después de que el propio presidente Pedro Sánchez anunciara que iba a va a "detener el reloj" de la propuesta para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. Aquel anuncio de dejarla en suspenso se entendió como un paso para desbloquear la situación con el PP, cuyo apoyo es imprescindible para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La polémica reforma buscaba precisamente rebajar el número de votos necesarios para elegir a los vocales y de ese modo no hacer necesario el pacto con los populares.
Esta situación provocó un enfrentamiento sin precedentes entre el Poder Judicial representado por el CGPJ y el Poder Ejecutivo y Legislativo por impulsar esta reforma. También de las mayoría de asociaciones de jueces que han criticado los ataques a la independencia judicial. La Comisión Europea (CE) aprovechará su misión en España a finales del mes de abril para, entre otras cuestiones, estudiar las quejas de las asociaciones de jueces. Este mismo martes España era uno de los cinco Estados miembro cuya calidad democrática e independencia judicial se examina en el marco de la evaluación periódica del Estado de derecho que realizan los Veintisiete.
La renovación, sin embargo, aún no se ha producido y mientras tanto se ha aprobado una reforma que impide al Consejo realizar nombramientos una vez concluido su mandato. Por su parte, desde Podemos se ha venido amagando en varias ocasiones con la posibilidad de resucitar la reforma del sistema de nombramientos precisamente por la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
De forma alternativa, el Gobierno impulsó por medio de sus grupos parlamentarios una reforma para evitar que el CGPJ pueda seguir haciendo nombramientos mientras siga en funciones. Esto también generó el rechazo de los vocales de la institución que siguieron haciendo nombramientos hasta el último momento. Su Gabinete Técnico ha elaborado un informe que se discutirá este jueves en el Pleno del Consejo y que pone de relieve las deficiencias de esa reforma alternativa.
El informe alerta de que va más allá de la imposibilidad de seguir haciendo nombramientos mientras sigan en funciones. Advierten de que “es patente la falta de coincidencia entre la voluntad” de ambos partidos “y la voluntad de la ley” ya que la limitación de sus funciones afecta también a otras materias que les son propias.
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