Todos los ciudadanos mayores de edad estarán obligados a la realización de las "prestaciones personales" que exijan las autoridades cuando se declare un estado de crisis y siguiendo las indicaciones del Consejo de Seguridad Nacional.
Así lo recoge la reforma de la Ley de Seguridad Nacional en la que está trabajando el Gobierno y en la que también se establece que, en el supuesto caso de una situación de este tipo -"situación de interés para la Seguridad Nacional" según la norma-, ninguna persona podrá negarse a acatar las órdenes.
Tal y como adelanta El País, en caso de crisis las autoridades también podrán requisar temporalmente todo tipo de bienes, intervenir u ocupar los que sean necesarios o suspender todo tipo de actividades. Aquellos que sufran perjuicios por esto podrán ser indemnizados, según recoge la reforma de la ley que llega tras un año y medio de crisis económica y sanitaria.
El cumplimiento de estas órdenes no se limita solo a los ciudadanos. Empresas y entidades jurídicas también tendrán que colaborar con las autoridades mediante prestaciones que ayuden a superar la crisis. Según El País, el texto está basado en el artículo 30 de la Constitución por el cual “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.
Medidas adaptadas a cada situación
Las medidas que se establezcan, así como la duración de las mismas, se adaptarán gradualmente a la situación a la que haya que hacer frente.
Con el objetivo de evitar escenas como las vividas durante el estado de alarma, con desabastecimiento de productos y bienes necesarios, el Ejecutivo ha incorporado varias medidas. Además, la reforma recoge la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades a la hora de difundir informaciones de carácter preventivo u operativo.
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