El Gobierno ha lanzado una nueva licitación para comprar vehículos con destino a Marruecos, con el objetivo de dotar a las autoridades del reino alauí de nuevos medios para la gestión de las fronteras. En esta ocasión, el contrato público se centra en la adquisición de quads y buggies por un valor estimado de 4,5 millones de euros; una cifra que aumentaría hasta rozar los 5,45 cuando se incluyan impuestos, gestionados a través de la fundación pública cuyos contratos en África investiga la juez en el caso Mediador. Este material se suma a otros envíos previos, en los que se entregaron a Rabat otros vehículos todoterreno, camiones o lanchas -entre otros-, así como la entrega de 120 millones de euros a fondo perdido para robustecer su sistema fronterizo.
De acuerdo a la licitación consultada por Vozpópuli, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP) -encargada de comprar los nuevos vehículos que se enviarán a Marruecos- busca la contratación mixta de suministros para la adquisición de diferentes tipos y unidades de vehículos divididos
en lotes, para apoyar al Ministerio del Interior del país de Mohamed VI en el marco del proyecto Apoyo a la gestión
integrada de fronteras y de la migración en Marruecos.
El proyecto incluye la garantía técnica y la consecuente entrega del material en Marruecos. Asimismo, las empresas interesadas en participar en la licitación tendrán que incluir un programa de formación a los agentes del reino alauí en el mantenimiento de los quads y de los buggies.
El procedimiento guarda similitudes con adquisiciones previas ejecutadas por la misma fundación, que lleva a cabo estos proyectos en base al programa Apoyo a la gestión de fronteras y la migración en Marruecos, financiado a través de un Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África.
El nombre de esta fundación pública ha salido a la luz en las últimas fechas con motivo de los contratos que investiga la juez en el caso Mediador, que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. En concreto, el sumario del caso recoge varias licitaciones para la compra de drones a uno de los empresarios investigados, en el marco de GAR-SI Sahel, contra el terrorismo y el crimen organizado en esta zona de África; un proyecto independiente al de la compra de material destinada a Rabat.
El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, detenido e investigado en esta trama de supuestas mordidas, dirigió GAR-SI Sahel durante dos años, periodo de tiempo en el que se dieron varias adjudicaciones a José Suárez Estévez, conocido con el sobrenombre de ‘el drones’ por el ámbito de su actividad societaria.
Desde esta fundación, cuyo patronato dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, manifiestan que la empresa de Suárez Estévez ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros. Adicionalmente, esta empresa fue adjudicataria de un lote con objeto similar en el marco de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euro.
"Por otra parte, la empresa ASD SL se ha presentado a cuatro licitaciones adicionales de drones/contradrones de la FIIAPP en las que no resultó adjudicataria. Desde 2017 la FIIAPP ha contratado la compra de drones por 1,3 millones de euros a 13 empresas distintas", afirman desde la fundación, que no está siendo investigada en el caso y que ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia.
Otros vehículos anteriores
Como contó este diario, el Gobierno aprobó en apenas dos años y a través de FIIAPP la compra de 18 camiones cisterna, 220 vehículos todoterreno, 130 vehículos con rejilla (para proteger los cristales) y 18 camiones para el transporte de tropas, así como cinco embarcaciones semirrígidas. A todo ello habría que sumar 65 cámaras térmicas con posicionador, 98 cámaras-visores térmicas portátiles, 25 visores de visión nocturna y diverso material de telecomunicaciones náuticas.
Después llegaron más licitaciones. Y tuvieron lugar en un momento convulso, en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat tras la irrupción de miles de personas en Ceuta por vías irregulares y el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Polisario, Brahim Ghali. En concreto, para la compra de más quads, en un procedimiento que también incluía la formación de los efectivos marroquíes.
Las entregas de Interior
La compra de estos medios forma parte de un proyecto independiente respecto a la entrega de las partidas anuales por valor aproximado de 30 millones de euros que el Ministerio del Interior hace a Marruecos, aunque también esté destinado a la gestión de fronteras. En este caso, para "cofinanciar los gastos de sus fuerzas de seguridad generados por la gestión fronteriza y la lucha contra la inmigración irregular" y a cargo de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Seguridad.
En concreto, los fondos entregados por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se destinan al “abono de dietas e incentivos al personal desplegado y personal comisionado para la vigilancia de fronteras”, al “mantenimiento y reparación de infraestructuras”, a “gastos derivados del patrullaje y vigilancia terrestre, marítima, costera y de litoral”, al “retorno de inmigrantes que se encuentren irregularmente en territorio marroquí” o para la “detección del COVID-19 del personal desplegado” en las fronteras entre España y Marruecos.
Asimismo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también ha enviado a Rabat al menos 75 vehículos todoterreno, tres quads, diez prismáticos de visión nocturna y cinco analizadores de gas portátiles.
La gestión migratoria
La gestión de la frontera y de los flujos migratorios es uno de los puntos incluidos en la nueva hoja de ruta entre Madrid y Rabat, que se abordó en la Reunión de Alto Nivel del pasado mes de febrero, marcada por la ausencia en el último momento de Mohamed VI y por el reconocimiento de España sobre los planes de soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental.
Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en el año 2022 entraron 2.289 personas en Ceuta y Melilla por vías terrestres y de forma irregular -frente a las 1.845 del año anterior-, con el episodio destacado que tuvo lugar en ésta última ciudad autónoma en el mes de junio: cerca de 2.000 inmigrantes trataron de acceder de forma simultánea y al menos 23 perdieron la vida, según fuentes oficiales. El Defensor del Pueblo y la Fiscalía abrieron respectivas investigaciones en torno al suceso, si bien el Ministerio Público optó por el archivo.
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