Las indemnizaciones por muerte en accidentes de tráfico aumentarán una media del 50% y por lesiones en un 35%, según el proyecto de ley que reforma el baremo de estas prestaciones que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá. De esta forma, la indemnización por la muerte de un padre de familia con ingresos netos anuales de 38.000 euros, que deje viuda y tres hijos menores de 12 años, pasará de los 335.519 euros actuales a los 671.480 euros con el nuevo baremo.
Según el proyecto, una profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización que recibiría, al pasar de 350.000 euros a un máximo de 750.000 euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Catalá ha expresado su voluntad de que el proyecto, que ahora entra en las Cortes, pueda ser aprobado en este periodo de sesiones, lo que redundará en beneficio de las víctimas, que no habían visto actualizadas las indemnizaciones desde 2003.
Una profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización
Un proyecto de "alta sensibilidad social", en palabras de Catalá, que prevé la actualización de esas prestaciones vinculada al índice de revalorización de las pensiones previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Negociado con expertos de la Universidad y en seguridad vial, la patronal de seguros Unespa, las asociaciones de víctimas y Cermi, entre otras entidades, el nuevo baremo dará respuesta a la demanda de incrementar la protección a las víctimas con un sistema suficiente y que garantiza el tratamiento continuado de las personas que lo necesitan tras sufrir un siniestro.
Catalá ha recordado que desde 2010 una comisión de expertos estudiaba este asunto y ha reconocido la necesidad de revisarlo porque el actual baremo estaba bastante por debajo del que aplican los países de nuestro entorno. Según el ministro, el nuevo texto se adapta a la realidad social actual y potencia los acuerdos extrajudiciales. Además, afecta de forma positiva a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos sanitarios de las comunidades por los gastos derivados de las nuevas coberturas, como ciertos gastos de rehabilitación o el recambio de prótesis de lesionados graves.
La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, como las familias monoparentales, y configura los perjudicados en accidentes en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, que sufre siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías. Rafael Catalá ha dicho también que el proyecto da valor económico al trabajo de las amas de casa.
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