La Abogacía General del Estado asume formalmente la defensa de Arancha González Laya en la causa abierta por la entrada y salida de España de Brahim Ghali. Los servicios jurídicos del Gobierno —que ya representan al que fuera su mano derecha en el Ministerio de Asuntos Exteriores— han accedido a representar a la exjefa de la diplomacia española, tras su reciente imputación en el procedimiento por los delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado.
Así lo hace constar en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que acepta de esta forma el ofrecimiento formulado por el magistrado Rafael Lasala, que investiga si se produjo alguna irregularidad con el aterrizaje del líder del Frente Polisario en la Base Militar de Zaragoza el 18 de abril. A falta de conocer la persona del equipo de la Abogacía que le lleve la defensa, los servicios del Gobierno han actuado con firmeza hasta la fecha en la causa.
Tanto es así que no solo se han opuesto al avance de la investigación asegurando que se actuó cumpliendo la normativa, sino que pidieron sin éxito la expulsión de las acusaciones que litigan en la causa. Muchas de las diligencias que ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza han sido a tenor de lo solicitado por estos particulares personados, a los que la Abogacía les pidió fianzas de 150.000 euros para seguir figurando en el procedimiento. Incluso amagó con actuar contra uno de los abogados querellantes acusándole de filtrar información de la causa.
El instructor declinó tanto una como otra pretensión en un duro auto contra los servicios jurídicos del Gobierno de Sánchez. Precisamente, la imputación de tres delitos a su exministra de Exteriores provocó que el presidente del Ejecutivo se pronunciara en relación a este asunto por primera vez desde la apertura de las diligencias. Sánchez explicó que se actuó conforme a la ley, pero el magistrado quiere recabar todas las pruebas para esclarecer por qué no se le identificó ni a él ni a su hijo cuando aterrizó en España procedente de Algeria.
Las diligencias practicadas en un primer momento apuntaron al Ministerio de Defensa, si bien su titular, Margarita Robles, siempre se ha mantenido al margen. Lo primero que hizo el instructor fue dirigirse a la Comandancia Militar del Aeropuerto de Zaragoza para que explicara en qué términos entró en España Ghali. La respuesta que recibió ya le puso sobre alerta. La misma la facilitó el general jefe de movilidad aérea, José Luis Ortiz-Cañavate, quien explicó que recibieron órdenes del Estado Mayor del Ejército.
Órdenes verbales y por WhatsApp
Las instrucciones eran claras: el personal que viajaba en el avión no pasaría ni el control de aduanas ni de pasaportes. Preguntado por el asunto al teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, éste respondió que las órdenes provenían, a su vez, del Ministerio de Asuntos Exteriores y que todas fueron verbales y por WhatsApp. Su interlocutor fue el entonces jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino. El magistrado, antes de imputarle, le pidió por escrito que informara acerca de si eran ciertas las órdenes. Él las confirmó.
Según razonó, no figuraban expedientes administrativos en el Ministerio en relación al aterrizaje de este avión argelino. Dijo que todas las órdenes fueron o por teléfono o vía WhatsApp y que, efectivamente, el encargo era que el avión no pasara por aduanas, saltándose de este modo el protocolo habitual. Con todo, Villarino negó irregularidad asegurando que la actuación era "perfectamente coherente con la legislación aplicable". Pese a ello, el juez siguió tirando del hilo y solicitó estos mensajes intercambiados a lo largo de aquel 18 de abril.
Su incorporación a la causa y el testimonio prestado por Villarino ya como investigado terminaron por dar la puntilla a la exministra, sobre quien se estrechaba el cerco ya desde comienzos de verano, como avanzó este medio. Las comunicaciones adheridas al sumario revelaron cómo el exmano derecha de la ministra le informaba de que llegaba un ciudadano "con pasaporte diplomático argelino" y su hijo en calidad de acompañante. De él dijo que tenía "algún tipo de permiso de residencia" pero que no se preocupara. "Quien lo tiene que saber ya lo sabe", apostilló.
Actuación discreta
Al hilo, le pidió discreción en su actuación y le dijo que autorizara el acceso de una ambulancia a la base para que se le trasladara a La Rioja. Una vez allí, el activista saharui ingresó con la identidad falsa de Mohammed Benbatouche y permaneció hasta junio para curarse de la covid. En ese tiempo se filtró a la prensa que se trataba realmente del líder del Frente Polisario y se desató una fuerte crisis diplomática que tensó en gran medidas las relaciones bilaterales con Marruecos. Al enterarse de ello, Villarino remitió un último WhatsApp a su interlocutor en el que le informó de los hechos y le aseguró que desde su departamento no señalarían al Ministerio que dirige Margarita Robles.
El cerco se terminó por estrechar en la figura de la ministra cuando, finalmente, Villarino acudió a declarar en sede judicial. El exalto cargo explicó que no cometieron irregularidad y que actuó conforme a las directrices de González Laya. Ella misma le pidió discreción en el asunto asegurando que países terceros desconocían esta maniobra (que el Gobierno justificó en razones humanitarias). También dijo que se había elegido La Rioja como lugar para ingresar al líder del Polisario. Su testimonio dio pie a las acusaciones a pedir la imputación de Laya que finalmente acabó acordando el juez.
Al margen de lo que pueda explicar la exministra en sede judicial, el magistrado Lasala ha seguido practicando diligencias en aras a esclarecer ya no solo el asunto de la llegada de Ghali sino su traslado en ambulancia medicalizada y su partida de regreso a Argel. Al respecto cabe destacar un informe de la Policía de Navarra en el que los agentes explican que se fue acompañado de tres personas y sin portar documentación alguna. De nuevo aquí se dio luz verde a que pudiera acceder al avión. El mismo salió la madrugada del 2 de junio desde Pamplona después de que Ghali declarara por videoconferencia para el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
A ello se añade que esta misma semana Lasala ha requerido a la oficina Sirene de España para que le informe acerca de si había "descripciones a efectos de detención o localización" del líder del Frente Polisario en cualquier de los países miembro que forman parte del Espacio Schengen. La petición incluye además que avisen si "había inserta cualquier tipo de alerta" sobre la entrada a estos países, con el fin de esclarecer si se vulneró la normativa comunitaria.
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