El Gobierno avala la actuación de la Guardia Civil que el pasado 19 de marzo denunció en virtud del estado de alarma al presidente del PDeCAT en Manresa (Barcelona), Josep Maria Fius. El Ejecutivo defiende que los agentes actuaron conforme a la ley “dada la conducta de desobediencia” del político independentista. Él, en cambio, se queja de que le sancionaron después de hablarles en catalán.
“En todo momento se cumplieron con los protocolos y se actuó según lo que establece la legislación vigente. Así, se trataba de verificar el movimiento de esa persona en el contexto del real decreto. Dada la conducta de desobediencia hacia la autoridad al negarse a indicar dónde se dirigía, se produjo la consiguiente denuncia en virtud de la Ley de protección de la seguridad ciudadana”, dice el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita.
Lo que hacen los agentes durante el estado de alarma es rellenar actas de propuesta de sanción que luego remiten a las delegaciones de Gobierno. Es ahí donde deciden si se tramita o no la denuncia y la cuantía de la multa, que se puede recurrir primero ante la administración y después ante un juzgado de la contencioso administrativo.
Tanto el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu como la portavoz de Junts per Catalunya (grupo en el que se integra PDeCAT) en el Congreso, Laura Borràs habían pedido explicaciones por esta actuación en concreto y por la labor seguida por la Guardia Civil en Manresa. “Al parecer, el motivo por el que los agentes han increpado y denunciado al ciudadano catalán ha sido por el hecho de que les respondiera en catalán”, decía Iñarritu en su pregunta.
“¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno frente al hecho de que los Guardias Civiles hayan multado a un ciudadano de Manresa por dirigirse a ellos en catalán”, preguntaba la dirigente del partido que encabezan el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y el expresidente huido, Carles Puigdemont.
Idiomas cooficiales
El Ejecutivo en su contestación niega este extremo: “No se interponen, en ningún caso, sanciones a ciudadanos motivadas por que estos hablen en idiomas cooficiales diferentes al castellano, por lo que cualquier ciudadano puede dirigirse en las lenguas cooficiales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Recuerda el Ejecutivo de Pedro Sánchez que “si alguna actuación no estuviera amparada en la legalidad vigente, sería objeto de investigación y se aplicarían las medidas oportunas”.
Tanto Borràs como Iñarritu se basaban en informaciones publicadas en los medios de comunicación. En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) explicaba su enfrentamiento con los agentes a cuenta del uso del catalán: “Uno se ha alarmado y me ha exigido que le hablara en español y yo los he contestado que tenía todo el derecho a hablar en catalán en Cataluña (...) Yo les hablaba en catalán y uno de ellos se ha alarmado, diciendo que tenía que hablarles en castellano porque lo dice la Constitución”.
