El Gobierno de coalición no pasa por su mejor momento. Las tensiones entre PSOE y Sumar -y dentro del partido- son palpables: desplantes, contradicciones y desmentidos son la tónica habitual entre los socios del Ejecutivo.
Este martes ha tenido lugar otro episodio de choque entre los bloques Sánchez-Díaz. En primer lugar, Sumar ha anunciado le derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza'. Este fue un compromiso ya establecido por Pedro Sánchez incluso antes de llegar al Gobierno en 2018. Sin embargo, se ha ido retrasando.
Se trata de una reivindicación de largo recorrido de los socios a la izquierda del Gobierno, especialmente de Podemos, pero que no pudo consumarse por los desencuentros con los socios de investidura en cuanto al uso de las pelotas de goma por parte de la Policía.
Sin embargo, Díaz se ha apresurado a adelantar su derogación este martes asegurando que había cerrado "un acuerdo con el Partido Socialista en el que la petición de Sumar para la derogación de la Ley Mordaza se consuma", dando a entender la caída de la norma al completo, algo que no es así.
"Revisar" solo un artículo
Entre tanto, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han especificado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que van a abordar esa modificación pero "única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias".
Las declaraciones de Alegría son confusas, pues los delitos de injurias se recogen en el Código Penal y no en la 'Ley Mordaza'. En lo que se refiere a esta norma, se reformará solo el artículo que hace referencia a la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones, algo que dejará de ser una infracción y que ya se acordó en la pasada legislatura. Alegría ha precisado que "hacer efectiva" esta modificación será "después de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios".
Por lo tanto, esta modificación solo afectría al inciso 23 del artículo 36 de esa ley, que considera infracción grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".
El Constitucional ya anuló ese precepto y los grupos pactaron en su momento modificarlo, como vuelven a hacer ahora, de tal manera que la mera grabación o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la calle o durante manifestaciones no constituye infracción, salvo cuando el uso de este material o de los datos de estos funcionarios suponga un "constatable" peligro para su seguridad o para la operación.
Una situación de peligro o riesgo que "deberá reflejarse motivadamente en el acta o en la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible", según el acuerdo anunciado este martes.
Injurias a la Corona y ofensas a los sentimientos religiosos
En cuanto a las injurias, el Gobierno ha anunciado que se revisará el Código Penal para revisar
relativo a los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones del Estado o las ofensas contra sentimientos religiosos.
Además de esto, el Ejecutivo ha adelantado una batería de medidas en las que entran eliminar la publicidad institucional a los medios que incumplan los "códigos deontológicos" o una modificación legal para reparar públicamente a aquellas personas investigadas judicialmente cuyos casos no acaban en juicio.
Todas ellas serán precisadas mañana miércoles por el presidente del Gobierno en una comparecencia a las 9:00 horas, según ha anunciado Díaz.
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