El Gobierno ha acordado con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová que tengan la misma fiscalidad y disfruten de los mismos beneficios que la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica, han confirmado este martes a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Precisamente, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, tiene en agenda una reunión este martes, desde las 12.00 horas, con representantes de estas cuatro confesiones.
La situación fiscal de la Iglesia católica es la misma que la del resto de entidades no lucrativas, como partidos políticos, sindicatos, ONG, el Museo del Prado o la SGAE, consideradas parcialmente exentas en el IBI y en el Impuesto sobre Sociedades. Sólo pagan estos impuestos donde tienen actividad económica, si no, no lo hacen.
Hasta este momento eran consideradas junto con la Iglesia católica entidades no lucrativas el Islam, los judíos y la Iglesia evangélica. Ahora se equipara a ortodoxos, budistas, mormones y Testigos de Jehová.
Esta iniciativa se produce después de que el Gobierno anunciara el 29 de marzo que anulaba ventajas fiscales a la Iglesia. En realidad, lo que hizo fue derogar la Orden Ministerial del 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de Aznar, que le eximía del ICIO, que sólo supone el pago de 16 millones. Se trataba de la única exención fiscal total de la que disfrutaba la Iglesia católica. Y se ha eliminado porque así lo exigía una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a instancias de una denuncia de un particular contra un colegio concertado de Getafe.
El ICIO es un impuesto municipal de carácter potestativo, cuyo hecho imponible es la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la cual se exija obtener licencia de obras o urbanística. La Iglesia es propietaria de cerca de 35.000 inmuebles en España. El ministro de la Presidencia cuantificó en rueda de prensa en 16 millones de euros lo que ahora va a aportar.
La sentencia europea
La disputa se enmarca en el caso del colegio escolapio La Inmaculada en Getafe (Madrid), de la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, a quien el Ayuntamiento había reclamado el ICIO devengado en la ejecución de unas obras que ascendieron a 24.000 euros. El TJUE entiende que si la Iglesia realiza actividades lucrativas, no sólo no debe ser beneficiada por la reducción de impuestos, sino que en caso de que el Gobierno lo aceptase, se podría considerar ayuda de Estado prohibida.
Este giro se ha dado a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2014 confirmó que la Iglesia estaba exenta del pago del ICIO independientemente del uso que dé al inmueble. El ICIO tiene una legislación compleja y su exención estaba siendo denegada por la Agencia Tributaria, por lo que muchos centros educativos concertados ya no se acogían a ella.
El Gobierno de Zapatero ya se enfrentó en 2006 a un expediente de la Comisión Europea por la exención en el IVA en la entrega de bienes de culto por interpretación extensiva de los Acuerdos Iglesia-Estado.
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