El alcalde del municipio lucense de Monterroso Eloy Pérez ha denunciado la “total improvisación” y “falta de planificación” del Gobierno con las personas migrantes y ha pedido explicaciones tras conocer a través de una ONG que 120 inmigrantes de Mali han sido desplazadas a su localidad sin previo aviso. El regidor monterrosino ha lamentado la “gran preocupación” que existe en la villa, por lo que urge al Gobierno del Estado a “dar las oportunas explicaciones”.
A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento ha concretado que, si bien “la villa cuenta con una población muy importante de diversas nacionalidades, perfectamente integrada y adaptada”, han denunciado “la imposición de esta nueva realidad sin ningún tipo de información oficial”. También han explicado que no se dispone de un estudio de integración o del impacto que tendrán estos inmigrantes en la ciudadanía y los servicios sociales y sanitarios.
El Ayuntamiento ha informado de que hace semanas recibió información sobre un posible traslado de inmigrantes “a través de los medios de comunicación”, momento en el que contactó con la Subdelegación del Gobierno en Lugo, que aseguró que “no estaban previstos estos desplazamientos y se avisaría de lo contrario, sin que así hubiera sido”.
De esta manera, y pese a la “información facilitada el viernes por la ONG”, el Gobierno local de Monterroso ha insistido en la falta de una "comunicación oficial por parte de la Administración del Estado que confirme la llegada de estas personas” al municipio.
Asimismo, el alcalde ha lamentado la “total falta de información oficial por parte del Gobierno de España” y considera “indignante” que quieran “imponer” esta situación que ha generado alarma social en la localidad. Ha tildado de “desproporcionado” el número de personas que van a trasladar a Monterroso, que supone aproximadamente cerca del “10 % de los habitantes del núcleo urbano”.
Por ello, desde el Ejecutivo local han pedido al Gobierno que “facilite a los ayuntamientos información oficial sobre esta situación” y “aclare cuáles son los criterios que está siguiendo”, puesto que a localidades mucho más grandes, como Monforte, "llegaron un número mucho menor de migrantes", en concreto 25 personas, han asegurado.
No es la primera vez
Varios ayuntamientos han denunciado la llegada de inmigrantes ilegales a sus localidades sin tener constancia de ello. Entre los casos más recientes se encuentra Épila, un municipio de Zaragoza, donde llegaron cerca de un centenar de inmigrantes subsaharianos sin que el Ayuntamiento estuviera avisado de este hecho. Estos traslados se sucedieron de noche durante el pasado mes de junio, y los migrantes se alojaron en un hotel, causando gran desconcierto entre los vecinos.
En Castilla y León también han pedido al Gobierno central explicaciones tras enterarse a través de los medios de comunicación que un grupo de inmigrantes procedentes de Canarias se iba a alojar en Villarrodrigo de las Regueras, en León, en junio de 2024. Desde esta comunidad autónoma han recordado que esto ya sucedió en octubre de 2023, cuando otro grupo de inmigrantes, también procedentes de Canarias, fue reubicado en un hotel en Medina del Campo, en Valladolid. En ambos casos, han denunciado que la Junta autonómica no tuviese conocimiento de estas llegadas antes de que estas se produjesen.
Estas "apariciones" sin previo aviso también han causado malestar en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. En octubre de 2023, 140 inmigrantes llegaron al municipio sin que las autoridades estuvieran avisadas y durante la noche. Fue el propio alcalde el que ha explicado que se enteró gracias a un vídeo en redes sociales, y al ver lo que sucedía se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno de Extremadura en Cáceres, pero allí le confirmaron que ellos tampoco sabían nada.
Un caso similar se dio durante esas mismas fechas en Almería, cuando el Gobierno trasladó a esta localidad a más de 300 inmigrantes de Canarias a un hotel de cuatro estrellas. La alcaldesa también ha denunciado la poca información que tenía de estos traslados: "Es una deslealtad institucional no haber contado con nosotros para formar parte de dicha organización y toma de decisiones, y denota la falta de transparencia y cooperación que mantiene el Gobierno de España con las entidades locales".
