El asalto a Indra por parte del Gobierno está provocando un importante número de interrogantes que el gabinete de Pedro Sánchez tendrá que afrontar en el Congreso en las próximas fechas. Esta maniobra, sin embargo, ha resucitado también otra polémica de la que el Ejecutivo no dio explicaciones hace apenas unas semanas, relacionada con el encuentro mantenido entre representantes de la multinacional y el colombiano Gustavo Petro a través de la fundación que preside el socialista Ramón Jáuregui.
Esa cita tuvo lugar el pasado mes de febrero en la Fundación Euroamérica y tenía como objetivo impulsar la campaña del actual vencedor de las elecciones en Colombia. El exministro del PSOE actuó como maestro de ceremonias y fue el encargado de presentar al candidato Petro.
Por parte de Indra, acudieron el director general de Administraciones Públicas y Soluciones Electorales de Indra-Minsait, Juan Pedro Rodríguez Veiga; y Cristina Ruiz Ortega, que dimitió como consejera delegada de Indra-Minsait dos meses después. Al entonces aspirante a la presidencia de Colombia le acompañó Xavier Vendrell, exintegrante del grupo terrorista Terra Lliure reconvertido en asesor de cabecera de Petro.
Aunque el encuentro tuvo lugar en febrero, no fue revelado hasta el pasado mes de mayo, por parte de la periodista colombiana Lina María Peña. Una información que fue replicada en España y que, después, llegó al Congreso de los Diputados.
El Gobierno no aclara la reunión
Ya en abril, de hecho, en una reunión de la Comisión de Hacienda, el diputado de Vox Víctor Guido González Coello de Portugal preguntó por la "reunión que se iba a agendar con el presidente de Indra y el candidato a las elecciones presidenciales de Colombia, Petro".
Un mes después, y tras revelarse la reunión del colombiano con dos representantes de Indra, el Grupo Parlamentario de Vox registró una pregunta por escrito sobre el "conocimiento que tiene la SEPI acerca de conversaciones entre Gustavo Petro y el grupo Indra, en relación con la actividad que supone el objeto social de esta compañía, y de las actividades o proyectos que esté desarrollando Indra Sistemas con las instituciones públicas de Colombia".
La pregunta fue calificada el 17 de mayo y no fue respondida hasta el pasado 9 de junio: diez días antes de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia que dieron el triunfo a Gustavo Petro.
El Gobierno, sin embargo, no aclara la cuestión planteada por Vox: "INDRA SISTEMAS es una compañía privada cotizada en bolsa, con una participación pública minoritaria en su accionariado, a través de SEPI. Dicha participación no lleva aparejada la participación de SEPI en la gestión de la compañía, por lo que esta Sociedad desconoce la información solicitada".
El Partido Popular, por su parte, preguntó en abril por el "conocimiento por parte del Gobierno de los señalamientos que apuntan a Gustavo Petro por ser financiado ilegalmente por el régimen chavista". Una cuestión que fue respondida por el Ejecutivo, ya en mayo, en estos términos: "El Gobierno de España no se pronuncia sobre informaciones relativas a procesos judiciales en curso".
Preguntas tras el 'asalto'
Con esa polémica reunión entre representantes de Indra y Gustavo Petro aún por aclarar, el Gobierno está teniendo que hacer frente a una ofensiva parlamentaria de la oposición, que pide explicaciones al Ejecutivo tras el asalto a Indra.
Tal y como avanzó Vozpópuli el pasado viernes, el PP registró dos solicitudes de comparecencia de María Jesús Montero y del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. El Grupo Popular pretende que la ministra de Hacienda explique si intervino "en favor de una acción concertada por parte de varios accionistas" en Indra, una maniobra que, en opinión de los populares, debería ser "investigada" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Al presidente de este organismo, además, le pide que, en su comparecencia, explique lo sucedido en Indra y "las implicaciones que tendría que se hubiese realizado una acción concertada por parte de varios accionistas iniciada por el Gobierno de España".
Ambas solicitudes de comparecencia fueron aceptadas por la Mesa del Congreso ayer martes, apenas unas horas después de que este medio desvelara que Sánchez va a acortar el mandato del presidente de la CNMV a 6 años a través de la nueva Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión.
El Gobierno, además, tendrá que hacer frente a preguntas por escrito de Ciudadanos y Vox sobre este asunto. Así, la formación naranja registró el viernes una batería de preguntas por escrito sobre los motivos por los que la SEPI ha apoyado el cese de Enrique Leiva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro en Indra; y sobre si la decisión se debe a presiones del PNV para favorecer la entrada de la multinacional en el capital del fabricante vasco de motores de aviación ITP.
Los de Abascal, por su parte, han preguntado al Gobierno, también por escrito, sobre la "existencia de una operación concertada" entre la SEPI y Joseph Oughourlian, presidente de PRISA, "para conseguir los objetivos del propio Ejecutivo sobre Indra".
Iván Espinosa de los Monteros, además, aprovechó la rueda de prensa celebrada ayer en el Congreso para insistir en la idea de que el Gobierno está llevando a cabo un "asalto al poder" para, entre otros asuntos, controlar el recuento electoral.
En ese sentido, afirmó que Indra no tiene la función del recuento de votos, sino la transmisión en tiempo real de los datos reflejados en las actas tras el recuento la jornada electoral. No obstante, apuntó, Vox "ha aprendido" que es necesario pedir siempre un recuento de esas actas, ya que asegura que ha llegado a haber una diferencia del 5 por ciento "entre lo reportado por Indra y lo que realmente decían las actas".
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