La imputación de Carles Puigdemont este lunes por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa Tsunami Democratic ha torpedeado las negociaciones del PSOE con Junts para investir de nuevo a Pedro Sánchez. Moncloa dice respetar la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, pero desliza que el magistrado ha cometido una 'injerencia' política para intentar frenar las opciones del candidato socialista de ser investido de nuevo jefe del Ejecutivo. En Ferraz empiezan a asumir que su plan de formar Gobierno esta misma semana está lejos: "Está complicado [que sea esta semana]", apuntan fuentes de la ejecutiva socialista. Mientras, fuentes de negociadoras del partido en Bruselas reiteran que hasta el 27 de noviembre "hay tiempo", mientras se trabaja en "detalles" del acuerdo con la derecha independentista catalana.
"Saben que desde esta mesa no debo omitir opiniones políticas sobre decisiones judiciales. Ahí están los hechos para su análisis, para que los puedan analizar. Una causa que se lleva instruyendo cuatro años... y que, además vemos que hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos como es el caso de la Fiscalía. Desde aquí no emitiré ningún juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, son respetadas por el Gobierno de España", ha espetado la ministra portavoz en funciones, quien con su alusión a los cuatro años que lleva abierta la causa ha dado a entender que no es una casualidad que la Audiencia Nacional imputara este lunes al expresidente catalán y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en plenas negociaciones sobre el alcance de una hipotética ley de amnistía. La propia Isabel Rodríguez también ha introducido la coletilla "si es que sale adelante" la investidura. Moncloa retrocede.
En Ferraz también están instalados en la tesis de la injerencia judicial. Fuentes socialistas consultadas por este diario lamentan que la Justicia sirva a intereses políticos y ven clara la conexión entre la imputación y el momento político que vive el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien su investidura se le está complicando a pasos agigantados. Lo cierto es que el candidato socialista no puede trasladar certeza alguna a Puigdemont de que no será detenido pese a la amnistía, porque los supuestos delitos de terrorismo complican la aplicación de la amnistía sobre los hechos del 1 de octubre y del procés.
Horas de tensión en Ferraz
Las últimas horas han sido de alta tensión en Ferraz. La sede federal del PSOE y las casas del pueblo de las principales ciudades de España se vieron en la noche del lunes sometidas a protestas de miles de ciudadanos que reclaman al Gobierno que no amnistíe a Puigdemont. En la de Madrid participó el líder de Vox, Santiago Abascal. El Ejecutivo ha pedido al PP y a Vox que frenen sus acometidas "antidemocráticas" contra el Partido Socialista. El propio Sánchez zanjó en X que su partido no se amedrentará: "Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE", espetó. La portavoz del Gobierno ha alabado la actuación de la Policía Nacional, que empleó gas lacrimógeno para disolver a los manifestantes.
La investidura de Pedro Sánchez se ha convertido esta última semana en una carrera de obstáculos cada vez más complicada. El expresidente catalán Carles Puigdemont está jugando con el candidato socialista. El sentir que transmiten los negociadores del PSOE, en conversación con Vozpópuli, es que el acuerdo con Junts -cuyos siete votos son claves- está hecho y que corresponde a la derecha independentista catalana "virar" y encontrar el relato que justifique ante los suyos las cesiones a las que lleguen y que, de momento, se desconocen. Pero la Audiencia Nacional cambió este lunes el guion con la investigación a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC, por terrorismo.
La imputación de Puigdemont en el caso Tsunami Democrátic cayó como un bombazo entre los negociadores reunidos en Bruselas -el secretario de organización, Santo Cerdán, lleva allí varios días-. Y explica por qué Puigdemont está tan empeñado en ampliar las causas objeto de la ley de amnistía que presente el PSOE en el Congreso -con el apoyo de los 56 diputados de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, etc.- y revisar hasta la última coma del acuerdo, dilatando la investidura de Sánchez. El presidente anhela llegar investido al congreso de la Internacional Socialista, que preside, esté sábado en Málaga.
El 'lawfare' que Puigdemont quiere amnistiar
Los disturbios violentos de Tsunami, la conexión rusa, y los casos de corrupción como el de la expresidenta del Parlamento Catalán y presidenta de Junts, Laura Borrás, son considerados por Puigdemont ataques de la Justicia contra el independentismo. Y el ex presidente catalán quiere a todos los implicados libres. Mientras, la prensa catalana da por hecho que el PSOE ha cedido en este punto, aunque nadie en Ferraz lo confirma. Y tampoco lo desmienten. Es más, algunos socialistas que conocen bien a Sánchez destacan a este diario con ironía la 'coordinación' de la Justicia a la hora de mover ficha con Puigdemont y su imputación, reconociendo, de cierta manera, que se trata de un actor político más.
Lo único seguro es que la Fiscalía ha recurrido el auto de la Audiencia Nacional al considerar que la calificación de los delitos de Tsunami debería ser “desórdenes públicos” y no terrorismo. Y Puigdemont ha trasladado a través de sus órganos mediáticos habituales que quiere la amnistía bien atada ante la previsión de que algún caso de los que hay diseminados por los tribunales españoles termine regresando contra él y los suyos como un búmeran en los tribunales españoles o los europeos, tal y como desvela este martes Vozpópuli.
ERC, que vive en un pulso permanente con Puigdemont, tampoco está de acuerdo con todas las demandas de su antiguo socio de Gobierno respecto a la amnistía con la que ya firmó un preacuerdo con el PSOE. Al menos, en lo que se refiere a los casos de corrupción. El partido de Oriol Junqueras dice que la amnistía de estos procesos no cabe en el acuerdo que firmaron con Sánchez. El tiempo pasa y no se conoce aún si Sánchez podrá ser investido de nuevo o España afrontará unas nuevas elecciones generales el próximo 14 de enero.
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