El Gobierno se ha avenido a acelerar los contactos con Canarias y el PP a fin de resolver el reparto de menas en la Península. En la mesa de negociación se ha sentado también el portavoz popular, Miguel Tellado, en lo que se interpreta como una forma de tratar de asumir solidariamente un acuerdo que pueda atenuar el ruido provocado por las reacciones que prometen desencadenarse a medida que emerjan los cadáveres de los casi cincuenta desaparecidos procedentes del cayuco que el pasado sábado volcó a cinco millas de la costa de El Hierro, del que solo han podido recuperarse nueve cuerpos hasta ahora.
Búsqueda de un segundo cayuco
Además, Salvamento Marítimo, el Gobierno canario y Cruz Roja buscan desde la noche de este pasado lunes por mar y aire un cayuco con unas sesenta personas a bordo que se encuentra a la deriva en una zona comprendida entre el sur y el este de El Hierro, la misma donde se produjo el naufragio del, y en el que navegan unas 60 personas.
Después de que resultara infructuosa una primera búsqueda, realizada anoche y hasta la madrugada por la Salvamar Menkalinan y el Helimer 201, este martes se ha activado un nuevo dispositivo.
El primer contacto oficial a tres bandas se produjo este pasado lunes cuando el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se encontraba en tránsito en Madrid de viaje a una reunión oficial a Malta. El pasado sábado fallecieron nueve migrantes y 48 desaparecieron después de que el cayuco con el que trataban de llegar a la isla de El Hierro volcase frente a la costa del municipio de Valverde.
Las mafias se reactivan en Mauritania
Este martes ha entrado en vigor en Mauritania la norma anual de paralización biológica de la pesca de fondo en todas sus aguas, de donde salen los cayucos que llegan a Canarias. La decisión de paralizar las actividades pesqueras de crustáceos ha provocado el regreso masivo de cayucos y las autoridades portuarias intentan evitar que se ocupen con el envío de inmigrantes a las islas por parte de las mafias en origen.
Los nuevos contactos entre Canarias, Gobierno central y PP se producen también tras la escalada de recursos que el Gobierno de las islas y el Ejecutivo se han cruzado en los tribunales por el esquema de atención a los menas y después de primer contacto producido el 12 de agosto en Madrid y tras el acuerdo de unidad de acción entre PP y Gobierno de Canarias que establece un reparto equilibrado en España de menas con ficha financiera del Ejecutivo central.
El pasado lunes, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello insistía que la lógica apuntaba a que la prioridad debía ser un real decreto ley que diera respuesta urgente a la saturación de Canarias antes de pasar a desarrollar una modificación de la Ley de Extranjería, que el pasado julio no fue posible en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo canario considera que el Gobierno de España está agravando la crisis migratoria con su "manifiesta dejación de funciones" y sostiene que "no existe competencia constitucional o estatutaria" que le obligue a acoger "a cuantos menores migrantes no acompañados la Administración del Estado decida traer al archipiélago". El Gobierno regional dice que los menas no llegan a Canarias sino que son entregados por el Estado, llegados a sus aguas previamente, al Gobierno Clavijo. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha apuntado que la solución pasa por acabar con la falta el "compromiso económico" del Gobierno de España, pues la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "está más preocupada en atender las demandas, reivindicaciones y exigencias del independentismo que en resolver los problemas de nuestro país".
Con una red de acogida de menores que ha crecido en los últimos meses de 29 a 81 centros y, aún así, está ya más que desbordada por casi 6.000 menas, el Gobierno de Canarias ha dado un paso más en el pulso legal que mantiene con el Estado desde el 2 de septiembre, el día en que decidió no acoger a ningún mena más si la Policía no se lo entrega cumpliendo estrictamente los protocolos. La comunidad autónoma recuerda que, hasta la fecha, ha seguido atendiendo a todos los menores migrantes que le entrega la Policía, aunque esta se los confíe "con una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el Protocolo Marco estatal aprobado a tal respecto (de 2014)", lo que acaba constituyendo un perjuicio para los propios menas. "El Estado olvida", argumenta Canarias, "que la situación de desamparo de los menores la halló en el mar y que les amparó con su salvamento. Es una ficción pensar que el menor migrante no acompañado entró en desamparo al ser desembarcado en Canarias".
El Ejecutivo canario alega que el Gobierno de España le pone ante “una situación perversa de imposible cumplimiento, en la que el Estado, con conocimiento de la situación y desentendiéndose del deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad territorial, exige a Canarias que reciba a más menores migrantes no acompañados en condiciones imposibles por agotamiento de los medios de acogida, y sin la posibilidad de crecer en nuevos centros, lo que constituye un perjuicio del interés superior de estos menores”.
"Centros hacinados"
La comunidad autónoma advierte de que, en este momento, su "única posibilidad" de seguir acogiendo a todo menor que llegue a sus costas en una patera "es hacerlo en condiciones inadmisibles para un Estado civilizado y solidario". Al respecto, alerta de que su red hospeda ya a casi mil menores más de los que tiene capacidad, tras haber sido ampliada varias veces, con centros "hacinados" y "al 200 %". "No existe norma alguna por la que Canarias deba asumir menores rescatados en alta mar, ni menos aún por encima de las capacidades de sus centros y de los medios materiales y humanos asignados (…) Cuando una comunidad autónoma se encuentra desbordada con sus medios para acoger por lo extraordinario de la situación, no es constitucionalmente exigible imponerle que la continúe ejerciendo de cualquier manera sin recibir cooperación o coordinación ya solicitada y asistencia de otras comunidades o del Estado", remarca la tesis autonómica.
Finalmente, Canarias cuestiona por qué Salvamento Marítimo desembarca a los migrantes "en puertos menores donde no hay puesto de frontera" en lugar de usar para ello las zonas internacionales de los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife e, incluso, cuestiona que sea necesario que siempre los desembarque en las islas. Al respecto, dice que las normas europeas establecen que preferentemente los rescatados deben ser desembarcados "en las costas del Estado más cercano al punto donde se encuentra la embarcación, o bien del Estado del que se presuma que ha salido la embarcación". "Se habla pues de Estado más cercano, no necesariamente punto más cercano. No existe ninguna norma que identifique puerto seguro con puerto cercano", subraya la administración canaria.
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