El Gobierno ha logrado un acuerdo este martes con EH BIldu para dar luz verde a la Ley de Memoria Democrática que está en tramitación parlamentaria. Gracias al apoyo de los soberanistas vascos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene manga ancha para que la normativa pase la prueba en el Congreso sin el apoyo de ERC. La ley cuenta de momento con los votos del PSOE, Podemos, EH Bilsu, PNV, PDeCAT y Más País.
El 'sí' de Bildu ha tenido cinco compensaciones. El grupo soberanista vasco votará tras acordar con el Gobierno español la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, convertir el Fuerte de San Cristobal en lugar de memoria, declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas, extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983 y constituir una Comisión independiente con la finalidad de "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura".
Inmuebles cedidos
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurúa, ha anunciado en rueda de prensa que han llegado a un acuerdo tras ampliar la Ley de Memoria Democrática y ha declarado que "las consecuencias del franquismo se mantuvieron" en el tiempo y "esto debería haberse reflejado".
El partido vasco ha cedido el pulso a cambio de cesiones de vestigios franquistas. Por un lado, el Fuerte de San Cristóbal, situado en Pamplona, fue "durante la Guerra Civil utilizado por el régimen franquista como cárcel para recluir a miles de presos políticos. El 22 de mayo de 1938 tuvo lugar la conocida fuga masiva de San Cristóbal que dejó 207 personas muertas en las cunetas", ha denunciado Bildu. Aizpurúa ha acordado con el Gobierno la cesión del espacio y las dependencias del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de Donostia, un lugar que fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete.
Comisión independiente
El grupo EH Bildu también ha declarado que han acordado un enmienda en la recogen que se "constituirá una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos". En la misma rueda de prensa, el partido vasco declarado que "emitirán conclusiones y harán recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas".
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