La discrepancia política en torno a la inmigración ilegal ha desarbolado, como un efecto colateral, la cohabitación PP-Vox en aquellas regiones en las que ambas formaciones mantenían alguna fórmula conjunta de colaboración, al tiempo que ha vuelto a evidenciar, con el fracaso parlamentario de la reforma de la Ley de Extranjería, la extrema debilidad legislativa de la actual legislatura.
Pero en el plano práctico, la presión migratoria que golpea singularmente a Canarias, con un incremento exponencial de pateras en sus costas, continúa más allá del reparto de menores no acompañados, en concreto con la política de traslados a la península de inmigrantes en situación irregular que acaban siendo alojados en hoteles, cuyo balance presupuestario conocido incluye ya un gasto de al menos 60 millones de euros en un periodo de nueve meses, una solución provisional que parece ir camino de consolidarse desde que fuera habilitada el pasado mes de octubre.
En el marco del llamado Plan de Atención Humanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones declaró, el pasado 14 de octubre, la emergencia "para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos del programa de atención humanitaria y gestionar así los efectos y consecuencias graves que proceden en en este tipo de emergencias".
Estancias superadas con creces
Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador del PP Agustín Almodóbar Barceló, al que sin embargo el Ministerio no ha ofrecido datos precisos en torno a otras dos cuestiones concretas planteadas también en su interpelación: el gasto por persona y día destinado en el programa y la duración de la estancia de los inmigrantes distribuidos en hoteles de la costa peninsular cuya actividad turística se ve singularmente afectada por esta práctica durante la temporada estival.
En este sentido, el caso de la población alicantina de Guardamar ha revelado en las últimas semanas las dificultades de conjugar este plan de acogida con el desarrollo de la campaña de verano. La detención, la noche del pasado viernes 26 de julio, de un inmigrante magrebí alojado en el hotel Parquemar del municipio por un presunto delito de agresión sexual ha sido el último capítulo de una historia de tensión trufada de denuncias por reyertas, peleas y robos que obligaron a la ONG que tutela al contingente alojado en el establecimiento a establecer una suerte de 'toque de queda' para ejercer un mayor control sobre sus movimientos dirigido a aplacar las quejas de residentes y turistas.
La situación ha llevado a las autoridades a poner fecha al final de la acogida en el hotel Parquemar, el 31 de julio, día en que previsiblemente estos serán realojados en un centro de acogida.
Municipios gobernados por el PSOE
Otros de los puntos de acogida en la provincia de Alicante de personas en situación irregular trasladadas desde el archipiélago se sitúa en la localidad de Alfaz del Pi, a muy pocos kilómetros de Benidorm. En concreto, se trata de un un contingente de 96 inmigrantes subsaharianos originarios de Gambia que acabaron alojados en el hotel Europa de esta población después de no lograr las entidades colaboradoras del Ministerio distribuirlos en otros tres hoteles de Benidorm.
De nada sirvió que la Administración ofreciera abonar 37 euros diarios por el alojamiento de cada inmigrante frente a los 26 con que, por ejemplo, subvenciona la estancia diaria de cada jubilado que se acoge al programa del Imserso, esencial para la cuenta de resultados del sector hotelero que opera en la capital turística de la Costa Blanca.
Los hoteleros expresaron sus quejas por considerar que el Gobierno estaba tratando de fijar los realojos a espaldas del sector, sin ni siquiera comunicar sus planes a las autoridades locales ni a los propios empresarios turísticos
El periplo de este contingente generó las quejas de la patronal turística Hosbec, por considerar que el Gobierno estaba tratando de fijar los realojos a espaldas del sector, mediante el contacto directo de las ONG responsables de coordinar las acogidas con los establecimientos, y sin "una planificación previa entre las partes" ni una mínima "coordinación entre sector público y privado necesaria para garantizar unas condiciones adecuadas de previsión sobre acciones futuras".
"Razones humanitarias o de emergencia"
En aquel momento, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, expresó su "perplejidad" ante la decisión ministerial de no comunicar a las autoridades municipales su intención de que el casi centenar de inmigrantes gambianos fueran distribuidos en hoteles de la población.
Finalmente, el hecho de que ningún hotelero, por una cuestión formal, se prestara a aceptar la propuesta de la ONG colaboradora del programa, llevó a que el contingente fuera finalmente instalado en Alfaz del Pi, como en el caso de Guardamar del Segura, gobenardo por el PSOE.
Pese a que, en su respuesta parlamentaria al senador alicantino, el Gobierno precisa que la "permanencia en recursos de emergencia no debería ser superior a un mes", ampliable "hasta los tres meses por razones humanitarias o de emergencia", lo cierto es que, al menos en el caso los trasladados a Alfaz, la estancia se ha ido ya muy por encima del medio año.
