El Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo público este martes un largo comunicado en el que señalaba que todas las adjudicaciones de la Mesa de la Asamblea de Madrid son "decisiones colegiadas, que respetan los criterios técnicos".
El ejecutivo de Cifuentes señala que "el proceso de contratación de la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid fue totalmente transparente y no responde a ninguna decisión individual". "Es un proceso reglado, en el que intervienen cuatro órganos de manera sucesiva, y cuenta con la participación de miembros de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria. Las decisiones se adoptaron en todo momento por unanimidad, y en base, exclusivamente, a criterios técnicos", añade.
Afirma que los órganos que intervienen son el Comité de Expertos (cuyos funcionarios efectúan la valoración de las propuestas), la Mesa de Contratación, la Dirección General de Contratación, que efectúa la propuesta, y la propia Mesa de la Asamblea de Madrid, que es el órgano que finalmente efectúa la adjudicación.
Insiste el ejecutivo de Cifuentes que la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid ha estado siempre compuesta por el Interventor, el jefe de Contratación, el director de Gestión Administrativa, el secretario general o un letrado, y los 3 vicepresidentes, de cada uno de los partidos.
"Legalmente -añade-, por delegación del Presidente de la Asamblea, corresponde al vicepresidente primero la Presidencia de la Mesa de Contratación, y en calidad de tal asumió esa función Cristina Cifuentes entre 2007, siendo presidenta de la Asamblea María Elvira Rodríguez, y 2011, siendo presidente José Ignacio Echeverría (VIII y IX Legislaturas)".
La Mesa de Contratación tenía en aquellos años 4 técnicos y 3 políticos de distinto signo: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. El Gobierno sostiene que "es un órgano plural, sujeto a un procedimiento reglado, con decisiones colegiadas, que respetan los criterios técnicos".
Cuando en una convocatoria existen criterios que dependen de un juicio de valor, se constituye un Comité de Expertos, y estos criterios son emitidos a través del informe de un funcionario, que se admite habitualmente sin objeciones por el resto de los miembros, señala el comunicado.
El Gobierno señala que "así fue en el concurso de la cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011, donde el técnico que formaba parte del Comité de Expertos, emitió el correspondiente informe, que fue ratificado sin modificación alguna por el resto de los miembros, entre ellos, Cristina Cifuentes, siguiéndose en todo momento principios de objetividad, imparcialidad y legalidad".
La Mesa de Contratación tenía en aquellos años 4 técnicos y 3 políticos de distinto signo. El Gobierno sostiene que "es un órgano plural"
"Hay que destacar al respecto que en ningún momento cuestionó ningún miembro de las mesas, ni ningún representante de los partidos políticos, la composición de este Comité de Expertos", añaden. En esa ocasión la designación de los miembros de dicha Comisión de Expertos se estableció por la Mesa de la Asamblea de Madrid.
"La adjudicación definitiva de los contratos -señala el Gobierno- la hizo la Mesa de la Asamblea, compuesta por distintos partidos políticos, tras analizar la propuesta de la Mesa de Contratación, quien a su vez asumió el informe del Comité de Expertos. Dicha adjudicación se hace por unanimidad de todos los miembros de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, sin reparo alguno, tanto en 2009 como en 2011, y respetando en su totalidad la puntuación efectuada por los técnicos".
Una vez terminado el concurso y adjudicado al Grupo Cantoblanco, "ninguna de las empresas que participaron presentó recurso o alegación alguna para mostrar su discrepancia con el resultado".
Actualmente, la Mesa de Contratación está presidida por representantes de Ciudadanos, del PSOE, y de Podemos. El presidente de la Mesa es Juan Trinidad (Ciudadanos), que es el vicepresidente de la Asamblea, por delegación de la presidenta Paloma Adrados. El vicepresidente segundo es Modesto Noya (PSOE) y Laura Díaz (Podemos). El Gobierno afirma que las decisiones se siguen tomando con los mismos criterios "siempre de forma colegiada y por mayoría, aunque lo habitual es el acuerdo unánime".
"En cuanto a la supuesta relación de Cristina Cifuentes con la adjudicación de la cafetería de la Asamblea en 2009 y 2011, y con Fundescam, señalan que Cifuentes dejó de ser vocal de la Fundación en 2008, un año antes del primero de los concursos objeto de investigación".
De acuerdo con los Estatutos, fue designada vocal de Fundescam por el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid, y cesó por el transcurso del tiempo de duración de su mandato, como consecuencia de la celebración del XIV Congreso regional del Partido Popular de Madrid en septiembre de 2008. Durante el periodo en el que formó parte de Fundescam como vocal, no intervino en ninguna de las actividades de la Fundación, y mucho menos en la toma de decisiones económicas, que corresponden a los vocales apoderados, condición que Cristina Cifuentes no ostentó en ningún momento.
El Gobierno afirma que se trata de un asunto de carácter estrictamente administrativo en el que Cristina Cifuentes participa formando parte de órganos colegiados en aplicación de la normativa legal y "donde se han adoptado las decisiones por unanimidad, aplicándose en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad".
Todo ello insisten "en el marco de un proceso el que se han seguido en todo momento los criterios de los técnicos". "Unos criterios avalados, además, por los representantes de los partidos políticos que formaban parte de la Mesa de Contratación y de la Mesa de la Asamblea, máximo órgano de gobierno del Parlamento regional", agrega el ejecutivo de Cifuentes.
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