'Bachillerato superior. COU'. Aquí termina la formación académica del ministro de Cultura, Miquel Iceta, tal como viene reflejada en el Portal de Transparencia. En el apartado de 'experiencia profesional', el primer trabajo que se le conoce es el de concejal del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, cargo que ocupó entre 1987 y 1991. Es decir, cuando Iceta tenía 27 años. Si acabó el bachillerato con 18, ¿qué ocurrió en estos casi 10 años? Eso básicamente es lo que se ha solicitado conocer del ministro a través de la Ley de Transparencia, y que el Gobierno ha evitado responder.
La solicitud de información incluía los "estudios secundarios y superiores, especificando las carreras/grados universitarios cursados y detallando cuáles de ellos finalizó y cuáles no", así como "cuánto tiempo tardó en completar las asignaturas asignadas por curso de cada uno de ellos". También se le ha pedido una relación de "todos los puestos de trabajo que ha ocupado tanto en el PSC/PSOE como en la administración y/o empresa privada hasta la asunción del cargo de ministro".
El Ministerio de Cultura ha evitado dar los detalles solicitados y se ha desquitado compartiendo un enlace que dirige al currículum de Iceta en el portal de Transparencia, donde no figura la información preguntada. El Gobierno cree que así cumple ya con el artículo 6.1 de la Ley de Transparencia, que obliga a los altos cargos a hacer pública su trayectoria profesional para conocimiento de los ciudadanos.
La información sobre los estudios iniciados y no finalizados por nuestro ministro de Cultura, así como su experiencia en el ámbito privado, quedarían fuera del artículo 6.1 en opinión del Ejecutivo. Para el Ministerio, forman parte de la vida privada de Iceta y por eso no es óbice que se hagan públicos.
Al Consejo de Transparencia no le convencen las explicaciones del Ministerio de Cultura. "Esta afirmación, sin mayor concreción ni explicación -apunta refiriéndose al argumento de que el currículo de Iceta pertenece a la vida privada del ministro- resulta equívoca". Explican que puede entenderse de dos formas, o bien que afecta a la esfera privada del ministro o que se trata de información que no obra en poder del ministerio.
Para Transparencia, este argumento no se sostiene, ya que "el conocimiento de la formación y la experiencia de los altos cargos del Gobierno y la Administración reviste un indudable interés público". Además, subraya que de "la revelación de estos datos no se deriva una incidencia grave en la protección de su esfera privada", por lo que "ha de prevalecer el derecho de acceso a los mismos".
Mesa de Diálogo con Cataluña
No es la primera ni la última vez que el Consejo de Transparencia llama la atención del Ejecutivo. Recientemente, Vozpópuli se hizo eco también de su negativa a compartir el contenido de las conversaciones mantenidas en la Mesa de Diálogo con Cataluña. En aquella ocasión, la excusa de Moncloa fue que se trataba de "un foro informal", no un "órgano de cooperación interadministrativa".
Transparencia tampoco aceptó dichas explicaciones y ha obligado al Gobierno a compartir los informes generados en dicha reunión, así como el nombre de sus participantes. Las decisiones ahí tomadas han tenido relevancia nacional, y han ido traduciéndose en normas que han afectado a todos. La última ha sido la rebaja del delito de malversación, algo de lo que no solo se beneficiarán los condenados del procès, también los políticos corruptos que dediquen dinero público a fines no personales (como financiar un partido o una fundación).
Es más, en este caso, la concesión a los independentistas ha trascendido las fronteras nacionales y ha tenido impacto internacional. Tanto es así que Bruselas ha anunciado que estudiará si la rebaja del delito de malversación es compatible con las normas de la Unión Europea.
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