El Gobierno ha mostrado "respeto absoluto" a la decisión de la familia de José Antonio Primo de Rivera de exhumar ya el cuerpo del Valle de los Caídos. Así lo ha afirmado la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras conocer la decisión de la familia, que se hizo pública anoche.
La familia del fundador de Falange solicitó la exhumación de sus restos mortales del Valle de los Caídos para proceder al entierro “en el lugar que su familia ha decidido”, según el comunicado firmado por Fernando Primo de Rivera y Oriol, y remitido a diversos medios de comunicación. Para ello, los Primo de Rivera (familias Primo de Rivera Oriol, Sáinz de Vicuña Primo de Rivera, Peche Marín-Lázaro, Díez Peche, Peche Moreno y Anós Peche) se dirigieron al abad del Valle de los caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. La familia pretende así retirar los restos de Primo de Rivera antes de que el Valle se convierta en cementerio civil gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada en el Senado la semana pasada.
También han solicitado las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. El objetivo de la familia es evitar una "exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles" y que el proceso permanezca "dentro de la estricta intimidad familiar".
Una vez obtenida la autorización solicitada, los restos serán depositados en el lugar que la familia ha decidido cumpliendo así la voluntad manifestada en su testamento por José Antonio Primo de Rivera, en cuya cláusula establece: "Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz", indica el comunicado.
La familia alega que, con esta decisión, "no ha lugar" a la tramitación del procedimiento previsto en la Disposición Adicional segunda de la Ley de Memoria, por lo que el proceso de exhumación "debe permanecer y permanecerá dentro de la estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles", apostilla.
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