El Gobierno maneja una bomba de dimensiones políticas incalculables. Por eso, este martes, Moncloa ha dado una pirueta para evitar hablar de la rebaja del delito de malversación que, según ERC, ya está negociando con los republicanos. Tocar ese delito es una exigencia de los independentistas que persigue beneficiar a los líderes del procés fugados en plena negociación presupuestaria.
Y todo aunque haya habido ministros, como la de Defensa, Margarita Robles, que han hecho pedagogía en las últimas horas explicando la diferencia entre la malversación y la malversación que engorda las cuentas personales. El requiebro del Gobierno, sin embargo, no pilla de sorpresa en ERC. Fuentes del partido consultadas por este diario señalan que el mutis por el foro de este martes ha sido "previsible".
De manera que el Ejecutivo, cuyo principal partido, el PSOE, se abrió a "redefinir" ese delito tras la proposición de ley que registró la semana pasada junto a Unidas Podemos para reducir las penas de la sedición, se escuda en la autonomía al Congreso de los Diputados. El Gobierno se lava las manos y pasa de comentar "futuribles". "El Ejecutivo respeta la tarea del parlamento. Ahora comienzan esos trabajos de negociación y tenemos un respeto absoluto a lo que quieran los grupos. Nuestra voluntad es la reforma registrada [para homologar la sedición]", ha espetado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Sin informes preceptivos
Moncloa recuerda que el Parlamento tiene autonomía para negociar las enmiendas que los grupos consideren oportunas. Y que, de momento, ellos se han limitado a cumplir con el compromiso personal del presidente del Gobierno: tocar el delito de sedición a velocidad hipersónica puesto que, como contó este diario, el plan es tramitar la iniciativa de manera directa y en lectura única para comprimir todos los trámites parlamentarios.
Cabe recordar que el Gobierno ha optado por tramitar la rebaja de la pena de sedición mediante proposición de los grupos parlamentarios para evitar que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Consejo de Estado emitan los informes preceptivos que escrudiñan la actividad legislativa del Gobierno. Unos informes que, a buen seguro, tirarían de las orejas al Ejecutivo.
No obstante, el hermetismo de Moncloa parece mostrar un enfriamiento del asunto. El Gobierno reconoce el coste político de la rebaja de la sedición. Y también el de la malversación. Pero, en verdad, ese es el siguiente paso que previsiblemente dará el Gobierno tras las reiteradas peticiones de ERC en aras de completar el proceso de "desjudicialización" de la política al que tanto Moncloa como la Generalitat de Cataluña se agarraron para mantener con vida la mesa de diálogo entre Ejecutivos.
Todo depende de una enmienda
Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas entendió que hubo un uso irregular de 5,4 millones porque se emplearon para promocionar el procés en el extranjero a través de las embajadas catalanas y el Diplocat, el servicio exterior del Govern de Cataluña entre 2011 y 2017. Por eso, el órgano fiscalizador reclamó tal cantidad a 34 ex altos cargos de la Generalitat, a la que, no obstante, permitió que creara un fondo para avalar con dinero público las fianzas de esos ex altos cargos. Todo un giro destinado a quitar presión sobre las posibles responsabilidades económicas o patrimoniales de los condenados.
Es muy probable que Unidas Podemos y el resto de grupos nacionalistas e independentistas de izquierda que dan soporte al Gobierno en el Congreso propongan la revisión de la malversación. Y que lo hagan, además, presionando mediante una enmienda a la proposición de ley que registraron este viernes sobre la sedición. Eso sí, en ERC dejan claro que no tienen intermediarios y que negocian con el Gobierno directamente. Todo un recado a Unidas Podemos, que también presiona para acercar la rebaja de la malversación por la que fueron condenados los líderes del procés.
La gran amenaza para la moralidad del Gobierno es que, en estos momentos, tocar la malversación afecta a algunos políticos. En concreto, a uno del PSOE, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que está a punto de entrar en prisión por malversación. Una hipotética reforma de ese delito que facilite la evasión de la condena a Griñán supondría un escándalo político de dimensiones estratosféricas.
