El Gobierno no niega que trabaje para armar una mayoría parlamentaria que dé luz verde a una reforma del Código Penal que rebaje las penas del delito de sedición, según fuentes gubernamentales consultadas por este diario. No obstante, Moncloa reitera que la prioridad del Ejecutivo son los Presupuestos Generales del Estado, cuya tramitación parlamentaria tomara cuerpo este miércoles con el debate de las enmiendas a la totalidad.
Además, el Ejecutivo sostiene que la hipotética reforma para "homologar" el tipo penal con otros países europeos no afecta ni a las negociaciones con el PP para renovar el CGPJ, algo que también ha corroborado la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ni a los Presupuestos. Eso sí, Moncloa es tajante y considera que sigue sin haber una mayoría suficiente, en referencia a ERC. Y es que al tratarse de una ley orgánica, cualquier modificación requiere el quorum de 176 diputados. Es decir, la mayoría absoluta.
Por su parte, ERC sigue aludiendo a la necesidad de reformar el Código Penal en aras de desjudicializar el conflicto entre una parte de Cataluña y el resto de España. Cabe recordar que ese es uno de los compromisos a los que llegó la mesa de diálogo en su tercera reunión: "Poner fin a la judicialización de la vida política, partiendo del compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo al ordenamiento y los procedimientos democráticos, así como la eventual mejora de ambos mediante el diálogo y el consenso", zanjaron entonces.
La clave de ERC
Pero el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también desvinculó la sedición de la negociación presupuestaria. El también candidato republicano a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet dijo en una entrevista que la gente está más "preocupada por las hipotecas" que por la sedición. En verdad, ERC se la juega. Los de Oriol Junqueras son conscientes de que cuando se abran las urnas el próximo mes de mayo la mayoría de su poder territorial será juzgado en el eje izquierda-derecha. El independentismo pasa a segundo plano pese a la ruptura de la coalición entre ERC y Junts en el Palau de la Generalitat.
Ahora bien, fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del 'procés' fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez -recién elegido presidente de la Internacional Socilaista- apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluyera modificar ese delito y otros como los sexuales y los medioambientales. Y aunque ya ha habido reformas de esa ley orgánica, lo cierto es que la sedición sigue sin tocarse.
Mientras, los socios del PSOE en Ejecutivo aseguran que antes de abordar el número de años de pena por la sedición se debe abordar qué es en sí el delito, según ha espetado en Twitter el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, también ha reafirmado que su grupo está a favor de acometer la reforma, pero, eso sí, no tiene constancia de que haya novedades sobre avances.
Historia de una justificación
El exministro de Justicia Juan Carlos Campo se encargó de defender la reforma del delito que, alegó, había sido introducido en el Código Penal en el año 1822, en una época de alzamientos militares habituales en España, pero que ya no respondía a la realidad vigente de un país democrático. Además, Campo también apuntaba que ese delito estaba castigado con penas "inusitadamente altas" si se comparaba con legislaciones de países del entorno.
Ahora bien, pese a la prudencia de ERC, la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, admitió "conversaciones" con el Gobierno. Y es que en caso de que finalmente se llegue a un acuerdo, los procesados huidos del 'procés', como el expresidente catalán Carles Puigdemont se podrían beneficiar. Eso sí, ERC advierte de que no entrará en "subastas" sobre la reforma del Código Penal y que serán "exigentes" con el Gobierno.
Pese a que ERC enmarca las conversaciones sobre la reforma de la sedición al cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo entre gobiernos, la verdad es que un hipotético pacto sería clave para establecer la confianza suficiente con la que avanzar para cerrar también un posible apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado. Y es que sus 13 escaños son claves para el Gobierno de coalición.
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