El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lleva tres años cambiando papeles con ERC sobre la reforma del delito de sedición que acortaría el castigo de los presos fugados del 'procés', según ha sabido Vozpópuli. Es más, una de las primeras del lado socialista que participó en las conversaciones fue la exvicepresidenta primera Carmen Calvo. Fuentes conocedoras del diálogo entre Moncloa y la central independentista liderada por Oriol Junqueras señalan que el 'sí' de los 13 de diputados republicanos a las cuentas generales del Estado de 2023, en pleno debate en la Cámara Baja, depende de que se despeje el embrollo del delito de marras.
De esta manera queda en entredicho la versión del Ejecutivo, que niega por activa y por pasiva que la negociación de los presupuestos en el Congreso esté condicionada al cambio en el Código Penal. Estas mismas fuentes señalan que ERC "lo está poniendo difícil". El Ejecutivo está dispuesto a rebajar a la mitad el alcance de las penas por sedición con el fin de homologarlas al resto de grandes países europeos. Pero insiste en que no hay mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo efectivo. Algo que no entiende ERC, que lo ve como excusa socialista. El Gobierno repite que la prioridad son los presupuestos.
En España, el delito de sedición tiene un castigo máximo de 15 años para las “personas constituidas en autoridad”. Fuentes de ERC reconocen premura por impulsar el cambio penal, aunque insisten en que ahora lo más urgente son los presupuestos. "Todo es prioritario", zanjan. Los republicanos, no obstante, no quieren entrar en una "subasta" para fijar las penas. E insinúan que es el PSOE el que no está por la labor de atar la reforma por su repercusión electoral cuando faltan siete meses para los comicios municipales y autonómicos del próximo mayo. Y es que en ERC no ven igual de comprensible con el asunto al votante socialista en Ávila que al de Barcelona.
El trabajo de Moncloa
Moncloa no niega que trabaje en pro de esa mayoría que ahora no ve posible en la Carrera de San Jerónimo capaz de sacar adelante el cambio penal. Al tratarse de una ley orgánica, cualquier modificación requiere el quorum de 176 diputados. Es decir, la mayoría absoluta. Aunque ERC insiste: "Hay números". Además, el Ejecutivo sostiene que la hipotética reforma para "homologar" la sedición al resto de Europa no afecta ni a las negociaciones con el PP para renovar el CGPJ, algo que corroboró la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ni a los presupuestos.
En ERC enfrían la obligatoriedad de desatascar sedición para alumbrar pacto sobre las cuentas en un intento de quitar presión al Gobierno. Pese a todo, Moncloa es consciente de que debe dar ese caramelo a los republicanos para que puedan venderse en Cataluña como el independentismo pragmático que consigue cosas si quiere sus votos para las cuentas. El PSC, mientras, está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo de Pere Aragonès como contrapartida.
Más aún tras la implosión del Gobierno catalán por la salida de Junts, el otrora socio secesionista en el Palau de la Generalitat, acordada por su militancia y promovida por el expresidente Carles Puigdemont, quien ya otea un Ejecutivo de PP y Vox en Moncloa que haga resurgir el rugido independentista y devuelva sus posiciones rupturistas y unilaterales a la mayoría de catalanes.
Ahora bien, fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del 'procés' fueran condenados, cuando el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluyera modificar ese delito y otros como los sexuales y los medioambientales. Y, aunque ya ha habido reformas de esa ley orgánica, lo cierto es que la sedición sigue sin tocarse.
Los independentistas, a arrancar medidas sociales
Más allá de la negociación sobre la sedición, en verdad tanto ERC como EH Bildu, el otro gran aliado secesionista del Gobierno, pelea por arrancar medidas sociales al Ejecutivo en la negociación presupuestaria, según conceden fuentes de ambos partidos a este diario. Las elecciones municipales y autonómicas del año que viene son un test capital para las dos fuerzas que compiten en sus tierras con Junts y el PNV, las versiones de derechas de su independentismo, respectivamente.
Mientras, los socios del PSOE en Ejecutivo aseguran que antes de abordar el número de años de pena por la sedición se debe abordar qué es en sí el delito. ERC sigue aludiendo a la necesidad de reformar el Código Penal en aras de desjudicializar el conflicto entre una parte de Cataluña y el resto de España. Cabe recordar que ese es uno de los compromisos a los que llegó la mesa de diálogo en su tercera reunión. Y eso que el concepto "desjudicializar" sentó a cuerno quemado en la judicatura. La sedición trae cola.
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