El supuesto espionaje efectuado con el software Pegasus por parte del expresidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno en plena guerra por la herencia del gigante cuestiona la versión del Gobierno sobre el uso de esta aplicación. Fue el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien advirtió el mismo día que hizo público el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en España "todas las intervenciones de producen por organismos oficiales y con autorización judicial".
Fuentes del equipo de Presidencia explican a este diario que el uso que se haga por parte de terceros, sean nacionales o extranjeros; gobiernos o particulares, constituyen agentes "externos" y, por tanto, el Ejecutivo se desentiende de ellos. El lío del espionaje con el software israelí de la empresa NSO, que lo califica como arma, ha desgastado con fuerza al sector socialista del Ejecutivo desde que trascendió que hasta 60 dirigentes independentistas y sus familiares, según un estudio citado por New Yorker, fueron vigilados con esta aplicación.
En España no se conocía el uso de este programa israelí en el sector privado, hasta ahora. Tal y como ha desvelado este diario, en febrero el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid abrió diligencias previas contra el antiguo presidente de los grandes almacenes, Dimas Gimeno, por recurrir, presuntamente, a este software israelí que en España solo tendrían organismos del Gobierno. El objetivo habría sido impulsar un espionaje masivo en plena guerra por la herencia de la firma.
La querella, semanas antes del escándalo Pegasus
Según los denunciantes, Gimeno habría contratado los servicios de NSO Group (firma que comercializa el programa Pegasus). Al respecto dicen en la querella que este hecho "queda acreditado" a tenor de toda la documental aportada al juzgado. Conviene recordar que la querella se interpuso en diciembre del pasado año, mucho antes de que saltara el escándalo del espionaje a los líderes del Procés. Hace seis meses, concretamente. La presentan tres personas muy cercanas al fallecido Isidoro Álvarez que sostienen que sus teléfonos fueron clonados y que, además, espiaron a consejeros, jueces y fiscales en plena guerra familiar.
Con todo, el nombre de Pegasus no suena a nuevo. La querella se conoce después que trascendiera su uso en el seno del CNI. El escándalo forzó al Gobierno a comunicar que tanto Sánchez como Robles también fueron atacados por una infección "externa" y a poner en cuarentena y bajo vigilancia los terminales de todos los miembros del Gobierno. Ese movimiento, según señaló Podemos, estuvo encaminado a crear un contexto favorable para propiciar el cese de la máxima responsable de la Inteligencia Española. cuya cabeza pedían los socios del Gobierno.
Entre tanto, el CNI reconoció que siguió a 18 de estos dirigentes secesionistas, como reconoció su exdirectora Paz Esteban ante los diputados de la comisión de secretos oficiales, entre los que se encontraban los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de Bildu, Mertxe Aizpurua.
A por Robles
Los morados llevan advirtiendo al PSOE desde que estalló la crisis de Pegasus de que solo la salida de Robles del Gobierno puede reconducir por completo la relación de los socialistas con sus aliados independentistas, que buscan la cabeza de la titular de Defensa con fruición. Los morados insisten en apuntar hacia la ministra socialista para que se depuren responsabilidades.
En Podemos son conscientes de que el presidente, Pedro Sánchez, necesita a los independentistas para seguir en Moncloa. No le ven dispuesto a permitir la caída del Gobierno. Y ese es el mensaje que Podemos traslada de vez en cuando a los aliados secesionistas: "Calma, que Robles caerá tras las andaluzas". Cada día que pasa, las malas perspectivas electorales de la izquierda en el Gobierno de cara a las elecciones en Andalucía, acerca la posibilidad de que Sánchez recurra a una crisis de Gobierno veraniega en la que Robles tendría muchas papeletas para caer.
Así, los aliados del PSOE están embarcados en la estrategia de desgaste continuo a Robles, quien, además, mantiene un pulso con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La tensión entre socialistas viene, precisamente, por el anuncio de los pinchazos por Pegasus a los teléfonos de Sánchez y a la propia Robles. La titular de Defensa cree que desvelar eso solo la quema a ella por ser la responsable última del CNI. Pero también a la propia Inteligencia, a la que deja en mal lugar.
Una crisis sin resolución
En verdad, la crisis del espionaje está lejos de resolverse, porque aún no se sabe, y probablemente según los espías españoles no se sepa nunca, quién intervino las comunicaciones de Sánchez, Robles, Fernando Grande-Marlaska y el resto de independentistas sin aval judicial. Y eso es a lo que se agarra el Gobierno para echar balones fuera cuando trascienden informaciones como la que señala al exresponsable de El Corte Inglés.
No por casualidad, el juez que investiga el espionaje a los móviles del expresidente del Parlamento de Cataluña y actual consejero en el Gobierno catalán, Roger Torrent, así como el del concejal de ERC Ernest Maragall ha acordado archivar la causa provisionalmente, ya que está a la espera más pruebas que le permitan cercar el origen de las intervenciones.
Como ya informó este diario, la empresa israelí NSO nunca va a reconocer que Pegasus está hecho para espiar. El CNI abonó en su día seis millones de euros por el software. Este penetra en el mar de microchips del teléfono de dos maneras. Y es que basta saber el número de móvil que se quiere espiar para que Pegasus acceda al dispositivo físico. O bien mediante el envío de mensajes falsos (vía correo, SMS, WhatsApp...) en los que se solicita al usuario que pulse sobre ellos. O bien a través de errores de fabricación de software o hardware.
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