El gobierno de Mariano Rajoy reconoce que ha reservado 2.000 millones de euros en 2018 exclusivamente para pagar las autopistas radiales quebradas. Según asegura el Ministerio de Economía en un informe remitido a la UE, "en cuanto a la evolución del gasto en inversiones (FBCF), en el año 2018, esta rúbrica está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones de euros para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que se encuentran en concurso de acreedores y que se estima se hará efectiva a principios de dicho ejercicio".
Según indica en el documento enviado por el Ejecutivo a Bruselas, "se está trabajando para poder llevar a cabo la re licitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros. Se prevé también para 2018 un ligero incremento de las inversiones a nivel autonómico y local".
El motivo por el que el Estado tiene que hacer frente a estos costes es que se optó por rescatar las autopistas en lugar de haberlas dejado quebrar e ir a concurso. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó en su momento que se optó por este modelo por ser el de menor coste: "Con independencia de cual sea la RPA, es evidente que al ministerio la puesta en funcionamiento de esas autopistas le hubiese supuesto una inversión muy elevada y la recuperación de esas autopistas se hace a un valor muy inferior", dijo De la Serna el pasado año.
Las autopistas radiales fueron construidas por las principales empresas constructoras del país (OHL, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC y todas las grandes) y tuvieron que dar concurso de acreedores con sus concesionarias después de que la previsión de tráfico y de ingresos que tuvieron fuera muy inferior a la inicialmente planificada.
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