El Gobierno desliza que toca 'tragar' con las rebajas de penas que ha desencadenado la conocida como ley del 'solo sí es sí' pese al criterio de la Fiscalía. Fuentes gubernamentales sostienen que la ley estrella de Igualdad, que ha puesto a su titular, Irene Montero, no se ha explicado bien. La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, incidió este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, en que "no es una ley punitiva, sino protectora".
"Se opta en este Gobierno por un modelo de política criminal en materia de delitos contra la libertad sexual centrándose en el consentimiento, lo que obliga a reajustar las penas", aseguró la titular de Justicia. Desde el departamento de Llop se arguye, por ejemplo, que es más castigo para un reo condenado por abuso sexual que no pueda ejercer la patria potestad que pasar más tiempo en la cárcel. Pero eso, sintetizan, no se ha explicado bien.
"Quiero poner en valor que sí que hay penas importantes que antes no se contemplaban y ahora sí. Por ejemplo, cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad, automáticamente se impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de los propios hijos, aunque los hijos no sean las víctimas. A presente o a futuro, porque es una inhabilitación de un derecho. Es una pena importante y grave", defendió Llop.
El Supremo habló
El Supremo se posicionó este martes por primera vez sobre el alcance la ley del 'solo sí es sí'. El Alto Tribunal aplicó la norma a los condenados de la Arandina y les redujo un año de pena aunque en total se la aumentara nueve por haberles quitado atenuantes. Al Gobierno le pilló la posición en plena reunión del consejo de ministros. Y Llop tiró de prudencia: "Creo que sería imprudente aventurar cualquier tipo de actuación por parte del Gobierno sin haber analizado pormenorizadamente qué es lo que dice nuestro Alto Tribunal. Yo lo he dicho. Vamos a ver qué dice la sentencia". El Gobierno no contempla, por ahora, retocar la ley de Montero.
En verdad, lo previsible es que el Supremo no unifique criterio hasta que no se reproduzcan más sentencias. De modo que toca esperar cómo se desarrolla la labor de los jueces del país pese a la unificación de criterio de la Fiscalía, que ordenó a todos los fiscales que se opongan a rebajar las penas de violadores cuando estas se contemplen dentro de la ley estrella de Irene Montero. Y todo para evitar que prolifere la revisión a la baja de las condenas intentando disminuir los efectos de la entrada en vigor de la normativa de Igualdad de la que Justicia fue coproponente y que ha puesto en la diana a la ministra Montero.
El lío jurídico es tal, que Podemos, pese a defender airadamente a su ministra, a quien catapultaron como candidatable el pasado fin de semana tras los ataques que sufrió procedentes de Vox, señaló a Justicia responsable de los cambios penales: "Esas penas las define especialmente, y fundamentalmente, el Ministerio de Justicia, porque es su responsabilidad", zanjaron los morados.
Montero, cuestionada
Como contó este diario, fuentes del alto tribunal explican que la ley de Montero incide en que podrá aplicarse en beneficio del reo la rebaja cuando se fije una pena inferior en aquellos casos en los que así proceda. Tanto en asuntos pendientes de juicio, como en recursos de apelación y casación (como concurre el el caso de los jugadores de Arandina), así como en ejecutorias penales.
La ministra de Igualdad sigue enrocada en que su ley es rigurosa. No obstante, Podemos rebajó el tono contra la magistratura, a la que calificaron de machista cuando comenzó el goteo de revisiones a la baja en condenas por abuso sexual. El PSOE se puso muy nervioso con el asunto y destacados dirigentes del partido, incluidos ministros, abrieron la posibilidad de retocar la ley. Algo que el propio presidente, Pedro Sánchez, no descartó de manera tajante a la espera de cómo evolucionen las sentencias. El jefe del Gobierno, además, defendió el espíritu de la ley, aunque evitó apoyar explícitamente a Montero.
Los socialistas estallaron por la "chapuza", en palabras del principal partido de la oposición, de la norma estrella del Ministerio de Igualdad. La tensión fue tan alta que hasta las feministas del PSOE reclamaron la dimisión de Irene Montero, quien dio carpetazo al debate público sobre su idoneidad tras los insultos que recibió de Vox. Y es que gracias a la diputada Carla Toscano, Podemos armó una campaña en defensa de Montero que la situó al frente de una hipotética candidatura electoral en plena crisis entre los morados y Yolanda Díaz.
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