El Consejo de Ministros aprueba este viernes el anteproyecto de ley orgánica sobre registro de pasajeros, lo que permitirá cruzar los datos de millones de viajeros con las bases de datos policiales a fin de controlar los movimientos y entradas en territorio europeo de posibles sospechosos terroristas.
Se tata de trasponer al ordenamiento jurídico la directiva comunitaria que el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2016 y que obligará a las aerolíneas a dar a las autoridades de cada país datos de pasajeros de vuelos con origen o destino en la UE.
Entre esos datos, las compañías proporcionarán la identidad del viajero que ha aterrizado en España, la fecha de la reserva, el itinerario de su viaje o la modalidad de pago del billete.
Hace dos semanas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la utilidad de este registro como una herramienta "indispensable" para luchar contra el terrorismo yihadista.
El registro dependerá de la Unidad de Información de Pasajeros, dependiente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que está integrada por 250 agentes de policía y guardia civil.
Un sistema informático tratará estos datos que serán cruzados con las bases policiales del CITCO y quedarán, según ha explicado Zoido, almacenados durante seis meses.
Pasado ese tiempo los datos "pasarán a opaco y en cinco años se borrarán", ha añadido el ministro, que ha indicado que todo el sistema será vigilado periódicamente por la Agencia de Protección de Datos.
El titular de Interior considera que un registro como el PNR habría permitido identificar los movimientos del imán de Ripoll (Girona), cerebro de la célula que atentó en Cataluña el pasado verano.
Pero además de este anteproyecto que persigue combatir con más eficacia el terrorismo y el crimen organizado, el Consejo de Ministros dará el visto bueno a otro anteproyecto para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación de grupos terroristas.
Se trata, al igual que el registro de pasajeros (PNR, en sus siglas en inglés) de trasponer a la normativa española otra directiva europea.
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