La distancia entre el Gobierno y el PP para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial es casi insalvable. En este punto, con uno de los poderes del Estado envuelto en una crisis institucional sin precedentes, Moncloa, según fuentes gubernamentales, rechaza la posibilidad de recurrir al Rey Felipe VI para que sirva de interlocutor y medie con el fin de desencallar un conflicto con visos de cronificarse.
Cabe recordar que la Monarquía parlamentaria es un ente subordinado y un poder moderador sin funciones ejecutivas, pero el jefe del Estado, pese a la neutralidad a la que se debe mandatado por la Constitución, tiene potestad para propiciar con el mero diálogo el entendimiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero no entra en los planes de Moncloa utilizar al Monarca para tal fin. Por si hay alguna duda, el artículo 56 de la Constitución lo pone negro sobre blanco: "[El Rey] arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones".
No obstante, la carta del Rey, según precisan fuentes de Moncloa, es una baza que el Gobierno se guarda más para la política exterior, ya que Felipe VI asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y sus actos deben contar obligatoriamente con el refrendo del presidente del Gobierno o del ministro de turno competente. De manera que Felipe VI juega en un marco delimitado, pero con relativa capacidad de maniobra.
Toda la presión para el PP
Lo cierto es que el Gobierno trasladó este lunes toda la presión al PP al sopesar retomar la rebaja de las mayorías para renovar el Poder Judicial. Moncloa espera que sea Génova el que mueva ficha para desencallar el asunto. El Ejecutivo, ante la grave situación de crisis en la que se encuentra el Poder Judicial, no descarta ninguna opción. "Vivimos una situación anómala y antidemocrática. El Gobierno se mantiene: el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes", zanjó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Además, fuentes gubernamentales niegan la versión del PP que haya un compromiso, tanto por palabra como por escrito, del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de que no se tocaría el delito de sedición. Según el relato de los populares, Bolaños dijo que tal reforma del Código Penal "no era noticia". Pese a todo, el Gobierno recalca que no piensa entrar en esa "provocación".
Moncloa taladra el mantra de que Feijóo no es líder de nada
En el Ejecutivo no van a invertir ni un segundo en inflar lo que consideran una "excusa" del PP, la de la reforma de la sedición, que no tiene novedad alguna, como zanjó este lunes la propia portavoz: "El Gobierno tiene su compromiso, expresado durante la investidura. Y no hay más novedad". Eso sí, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se mojó recordando que la homologación de las penas del delito a estándares europeos era un compromiso personal suyo. Y, como adelantó este diario, Moncloa y ERC llevan tres años intercambiando documentos sobre la posible reforma de la sedición para la que el Gobierno sigue sin ver mayoría posible en la Cámara Baja.
El núcleo duro del presidente está convencido de que los votantes del PP no aplauden la decisión de Feijóo. En Moncloa no se creen algunas encuestas publicadas en medios de comunicación que reflejaban que el 80% de los votantes populares rechaza los pactos con Sánchez. El argumento que esgrime el Gobierno es que el PP es un partido conservador de orden, y por tanto, no ven con buenos ojos que Génova esté rompiendo el orden institucional. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes sirvió para que el Ejecutivo repita hasta la saciedad el mantra de que el líder del PP es rehén de la derecha más reaccionaria. Esa es la batalla ahora; el gran mensaje de una campaña electoral que no tiene marcha atrás hasta las elecciones generales.
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