Termina otra semana de incendio en la Fiscalía General del Estado. La maniobra del PSOE para ascender a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando cese de su cargo ha provocado un profundo rechazo en la mayoría de la Carrera Fiscal y también en los grupos del arco parlamentario. Las críticas se centran no solo en el fondo de la propuesta, sino también en la forma, teniendo en cuenta que el grupo parlamentario del partido en el Gobierno incluyó esta reforma de calado en una enmienda a la Ley Concursal.
La iniciativa, que según el Gobierno responde a las peticiones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ha suscitado reacciones contrapuestas en la Carrera Fiscal. Dos de las tres principales asociaciones de fiscales apuntan que esta modificación que busca otorgarle la condición de fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando deje el cargo se introduce "de tapadillo" con el fin de premiarle por sus vínculos con el Ejecutivo.
En el lado contrario razonan que la reforma se ha propuesto en más ocasiones con el único fin de dotar de más independencia a la institución.
División en la Carrera Fiscal
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, explica en declaraciones a Vozpópuli que la reforma es "inaceptable de todo punto". Sostiene que se busca colar de "rondón" en una enmienda que nada tiene que ver con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y recuerda que se hace "de espaldas" al CGPJ y a los miembros de la institución. Además asegura que la norma es un "absurdo" porque propone ascender de categoría sin excepción alguna.
Tal cual está redactada la misma implicaría que también se podría ascender incluso ante incumplimiento grave de sus funciones. La ley precisa que el mandato del fiscal general del Estado tiene una duración de cuatro años, aunque recoge cinco motivos por los que se le puede cesar sin cumplir ese plazo. Estos son: a petición propia, por incurrir en incompatibilidades, en caso de incapacidad que le inhabilite, por incumplimiento grave y cuando cese el Gobierno. Así pues, la norma propuesta no recoge excepciones en lo que respecta a la promoción del fiscal general saliente. "Es el colmo de la barbaridad", precisa la presidenta de la asociación mayoritaria de la carrera.
No nos parece que sea una reforma positiva para nadie, salvo para el elegido. El modo de hacerlo nos parece mal pero es que nos preocupa mucho más el fondo
Mismo criterio comparte Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). "No nos parece que sea una reforma positiva para nadie, salvo para el elegido. "Lo peor de todo es que perturba e intensifica la politización que tiene la institución", precisa. Viada sostiene que hay salidas para beneficiar al fiscal general del Estado sin tener que alterar la institución ya que, con la propuesta del PSOE, se beneficia exclusivamente a los fiscales generales que ya fueran miembros de la Carrera.
Reforma "absolutamente necesaria"
La Ley establece que el fiscal general se elige entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio. Por ello, desde la creación de esta figura en 1978, se han dado casos en los que la Fiscalía General no ha estado dirigida por un miembro de la carrera. Eso ocurrió con Juan Ortiz Úrculo (fiscal general durante el primero Gobierno de José María Aznar) o más recientemente con Julián Sánchez Melgar, actual magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por ello Viada propone que se les dé una salida por igual a todos los fiscales generales.
Frente a este criterio se sitúa el de la Unión Progresista de Fiscales. Su presidenta, Inés Herreros, sostiene en conversación con este medio que la consolidación de la categoría máxima de la carrera es "absolutamente necesaria". Según alega, garantiza la autonomía y la dignidad de la institución. Recuerda además que este cambio legal ya se planteó con María José Segarra al frente de la institución (siendo Delgado ministra de Justicia). Razona que entonces no se produjo ningún revuelo y que parte de la polémica deviene porque detrás de todo esto está el nombre de Dolores Delgado.
Herreros recuerda además que los cambios incluidos en la enmienda del PSOE son "reivindicaciones históricas". De hecho, ya lo presentaron al Consejo Fiscal si bien no prosperó porque vocales de la asociación mayoritaria declinaron respaldarlas. Estos cambios se deben, según el Gobierno, a la necesidad de cumplir con las recomendaciones incluidas en los últimos informes del grupo GRECO. Las mismas tendrían un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo.
Injerencia política en la Fiscalía
Así, la reforma propuesta por el PSOE en la Ley Concursal abarca más allá del capítulo sobre el futuro de la fiscal general. La disposición final también recoge que la comunicación del Gobierno con el fiscal se hará por escrito y abre la puerta además a que informe "por su propia iniciativa" al Gobierno de aquellas actuaciones del Ministerio Fiscal en los asuntos de trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza deba conocer.
Este punto también genera controversia. Los críticos denuncian una mayor intromisión del Gobierno en el trabajo de los fiscales y matizan que no todos los cambios incluidos son peticiones del grupo GRECO. En su último informe de cumplimiento, el grupo recomendó reconsiderar el método de selección del fiscal general, dotar de mayor autonomía a la Fiscalía y constituir una Comisión de Ética fiscal. La polémica está servida sobre este último punto ya que la Asociación de Fiscales ha llevado a Delgado a los tribunales por suspender el plazo para su creación.
Fuentes de la Fiscalía General consultadas por Vozpópuli recuerdan que regular la salida de la fiscal general sí que otorga autonomía a la institución primero porque garantiza que su actuación sea libre y que no esté predeterminada de cara a su futuro y después porque blinda externamente. La reforma también facilitaría que se eviten las puertas giratorias en el mundo de la judicatura ya que se han dado casos de fiscales generales del Estado que, tras su cese, inician una nueva etapa laboral en el sector privado.
Con todo, muchos miembros de la Carrera Fiscal entienden este movimiento del grupo parlamentario socialista como una maniobra para allanar el cese de Delgado cuando se cumplen dos años desde que prometiera su cargo como fiscal general. La polémica sobre esta propuesta de reforma viene a sumarse a otras que también afectan a la imagen del Ministerio Público tales como las acusaciones de que favorece en los nombramientos a los fiscales de la asociación a la que pertenece UPF o el caso Stampa, relativo a la salida de Anticorrupción del que fuera fiscal del caso Villarejo.
Algunas asociaciones mantienen que carece de idoneidad desde el mismo momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró fiscal general del Estado precisamente por su pasado inmediato como ministra de Justicia de dicho Ejecutivo. Dos años después reiteran que la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado se ha perdido. Algunos partidos políticos incluso recurrieron ante el Tribunal Supremo su nombramiento, pero el alto tribunal inadmitió los recursos por la falta de legitimidad.
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