La ley de la vivienda promovida por EH Bildu y ERC es un avance “del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, elemento central de los fondos europeos NexGenerationEU”. Así lo ha plasmado la vicepresidenta Nadia Calviño en un boletín semanal elaborado por su Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Vincular la iniciativa de la que tanto presume Arnaldo Otegi con los 140.000 millones que Bruselas está entregando a España, es una de las singularidades en la gestión de esos fondos, en torno a los que el presidente Sánchez y su ministra Calviño han creado una tupida estructura político-administrativa, una suerte de gobierno paralelo opaco con un mínimo de 312 cargos directivos.

Sobre el espeso bosque de decretos, órdenes ministeriales y disposiciones varias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobresale el Real Decreto 36/2020, llevado al BOE en el noveno mes de pandemia, que establece, sin denominarlo así, una especie de gobierno duplicado o paralelo para la gestión de los NexGeneration. De hecho, el máximo organismo creado para gobernar los fondos europeos incluye a todos los miembros del Consejo de Ministros, más seis secretarios de Estado, un auténtico poder ejecutivo, como se aprecia por sus competencias, sin responder ante un poder legislativo.

El desarrollo de aquel real decreto ha desembocado en que bajo la dependencia del Presidente del Gobierno y de la Vicepresidenta Primera, y rindiendo cuentas solo al primero, orbiten cinco organismos con 102 altos cargos más otra cantidad indeterminada, “para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos”. Se trata de las llamadas Estructuras de gobernanza, resumidas en el siguiente cuadro:

A esos cinco organismos se añade, según la Memoria del Plan de Recuperación, “una mesa específica de diálogo social” y “un buen número de foros o consejos consultivos de alto nivel”, a la vez que grupos de trabajo “para aumentar la inteligencia y expertise de modo variable en un enfoque bottom-up de políticas públicas”. 

El diagnóstico que sobre el estado de la nación hacen nueve prestigiosos catedráticos del Colegio Libre de Eméritos en España: democracia menguante, se ocupa la estructura montada en torno a la gestión de los fondos europeos, calificándola como “la implantación de un cuadro completo de Gobierno y Administración de nueva planta que se superpone al que establecen los artículos 97, 98 y concordantes de la Constitución”. Se pregunta dicho libro colectivo qué sentido tiene esa especie de “gobierno ampliado” y encuentra una doble respuesta: la figura del presidente de Gobierno “resulta notablemente reforzada” y la proliferación de cargos de ministerios en manos de la parte sanchista de la coalición le asegura el control en “el reparto del maná europeo”.

La distribución de ese maná se hace por diferentes canales (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Agenda España Digital…), pero el prioritario y emblemático es el de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, conocidos por sus siglas PERTE. Corresponden, según el art. 8 del citado R. D. de 2020, a una nueva forma de colaboración público-privada con “carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”. Son doce con sus respectivos andamiajes organizativos que, unidos a los cinco organismos de las Estructuras de gobernanza, conforman el entramado competencial, administrativo y financiero dentro del gobierno paralelo controlado en última instancia por Pedro Sánchez y Nadia Calviño.

Al navegar por las Memorias de los doce PERTE hay que interpretar sus recursos semánticos, que oscilan entre el despiste y la disuasión. La fusión de la rebuscada arquitectura lingüística de Iván Redondo, primer cocinero de los fondos europeos, con la jerga burocrático-bruselense de la vicepresidenta Calviño, puede llamar a engaño a la hora de leer sobre recursos financieros  “movilizados”, “lanzados”, “desplegados”, “asignados” “en marcha” y otros términos que encubren inversiones que aún no han sido desembolsadas ni están cubriendo costes de un programa concreto. Ejemplos del lenguaje equívoco o impreciso abundan en la nota del Ministerio de Asuntos Económicos sobre la ‘Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios’. 

En la macroestructura o gobierno de nueva planta que dice el Colegio de Eméritos, con los doce Proyectos Estratégicos para la Recuperación, se multiplican los organismos y sus integrantes, con la particularidad de que cada uno incluye, al menos, un Grupo de trabajo interministerial y una alianza con representantes del sector privado, y bastantes de ellos disponen de un Comisionado al frente. De las alianzas integradas por expertos privados se aclara que no suponen gasto público, aunque no siempre se refleja cuántos representantes privados hay en cada uno. Según la información oficial disponible, la situación de los PERTE en cuanto a su gobernanza o componentes, presupuesto y disposición del mismo, se resume así: 

En la cifra de 210 integrantes de los organismos que gobiernan los PERTE (cuadro anterior) no están todos los que son, pues las Memorias de 9 de los 12 proyectos estratégicos no cuantifican los expertos privados que participan en su gobernanza a través de las llamadas Alianza para el Vehículo Eléctrico, Alianza Salud Vanguardia, Alianza por la Economía Social, etc. u organismos con otras denominaciones. El resumen ejecutivo del que se ocupa de la Lengua, por ejemplo, habla de un Foro con representantes de 100 empresas, sin especificar cuántos individuos, ni concreta los miembros del Grupo de Trabajo Interministerial, aunque sí establece cuántos componen la Alianza para la Nueva Economía de la Lengua. En el total de los 210 sí figuran los Comisionados como máximos responsables de un proyecto estratégico, de los que han sido nombrados siete para los PERTE Aeroespacial (Miguel Belló), Agroalimentario (Jordi Carbonell), Chip (Jaime Martorell), Economía Social (Víctor Meseguer), Industrial (Luis Ángel Colunga), Lengua (Cristina Gallach) y Vehículo Eléctrico (José Mª López Martínez). 

La laberíntica organización interna de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica es tan difícil de desentrañar como su gestión. A día 20 de este mes de junio, la web del Plan de Recuperación daba cuenta de 73 convocatorias recientes de subvenciones y ayudas entre abiertas y cerradas, y otras 79 convocatorias de licitaciones, también abiertas y cerradas en los dos últimos años. Para conocer cómo se traduce en gestión del presupuesto la compleja gobernanza organizada en torno a los PERTE, la referencia más fiable es la plataforma de Convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aunque las recoge con antigüedad máxima de un año.

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