España

El Gobierno de Sánchez dedica 220 millones de los fondos europeos al "turismo resiliente"

Entre los objetivos de esta inversión está desarrollar productos turísticos alternativos al sol y playa, como el "turismo de compras o el de naturaleza"

La resiliencia es uno de los conceptos favoritos de Pedro Sánchez. Más que 'Manual de Resistencia', lo del presidente del Gobierno es un 'Manual de Resiliencia'. Esta palabra viene a referirse a la capacidad de adaptación ante un entorno adverso. Félix Bolaños contrató un curso de resiliencia emocional para sus empleados de Presidencia, mientras que Yolanda Díaz pagó 2,8 millones de euros en formación en resiliencia a través de videojuegos. La resiliencia está de moda en Moncloa, y uno de los ámbitos donde les gusta aplicarla es en el turismo. El Ejecutivo lleva gastados en "estrategias de resiliencia turística" 220 millones de los fondos europeos.

Son unos fondos dedicados exclusivamente a los 4 territorios extrapeninsulares: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La resiliencia turística pasa por modernizar las infraestructuras turística y también por transformar el modelo. Su objetivo es "desarrollar productos turísticos alternativos al sol y playa, como el turismo de compras o el de naturaleza".

La exministra de Industria, Reyes Maroto, era firme defensora de cambiar el modelo turístico español. El Gobierno considera necesario cambiar el turismo de sol y playa por uno cultural y "ecosostenible". Consideran que hay que alinear el futuro del sector a la Agenda 2030. De hecho, desde el Ministerio de Industria se puso en marcha una estrategia de turismo sostenible por la que pagó, solo en asesoramiento, 1,2 millones de euros.

La última inyección de capital en turismo resiliente se aprobó vía Real Decreto y asciende a 64 millones. El reparto de estas ayudas se distribuye entre Baleares (30 millones de euros), Canarias (30 millones de euros), Ceuta (2 millones de euros) y Melilla (2 millones de euros). "Las subvenciones contribuirán a la recuperación del ecosistema turístico de estos territorios y tendrán un importante impacto económico y social. El plazo de ejecución de estas ayudas tiene como fecha límite diciembre de 2024", explica Industria en un comunicado.

La exministra Reyes Maroto explicó en su día que "estas ayudas permitirán reforzar el atractivo turístico de los dos archipiélagos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tras el impacto de la pandemia y mejorarán su competitividad turística a través de la financiación de inversiones en infraestructuras turísticas obsoletas, la gestión medioambiental de los destinos o la promoción de movilidad sostenible, entre otras. Con este programa contribuimos también a la cohesión social, económica y territorial".

Otro de los destinos de este dinero será ese cajón de sastre que es la formación, donde han ido a parar buena parte de los fondos del Plan de Recuperación: "las ayudas también van destinadas a la formación, especialmente la juvenil, vinculada al turismo, y al desarrollo de productos turísticos alternativos y la modificación de la oferta".

Hace un año, la inversión en esta resiliencia turística fue todavía mayor, alcanzando los 110 millones de euros. En Aquel entonces, los coletazos de la pandemia se dejaban sentir todavía en el sector turístico español. Industria apuntaba entonces que el turismo, como consecuencia de la crisis desencadenada por la pandemia de covid-19, se enfrentaba "a la situación más delicada de su historia, siendo necesarias actuaciones urgentes para su transformación".

En dicha ocasión se destinaron 50 millones a Baleares y otro tanto para Canarias, mientras que las ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) recibieron 5 millones de euros cada una. En 2021, Baleares y Canarias recibieron 20 millones para resiliencia turística, menos de la mitad que un año después. Ceuta y Melilla recibieron 3 millones, también menos que en 2022.

En resumen, en 2021 el Gobierno dedicó 46 millones a resiliencia turística, en 2022 aumentó la inversión hasta los 110 millones y este 2023 va a gastar 64 millones en el mismo ámbito. En total, 220 millones, más del doble de lo que hubiera costado la ley ELA.

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