La Guardia Civil perderá algunas de sus unidades especializadas en diversos puntos de Cataluña, País Vasco y Navarra, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez -a través de diversos acuerdos- haya acordado la supresión de estos destinos. La decisión afecta, por el momento, a las Comandancias de Álava, Guipúzcoa, Gerona o Lérida, así como a la Comunidad Foral, que ya aborda la cesión completa de las competencias de Tráfico para el próximo mes de julio. Esta batería de decisiones ha causado un hondo malestar en el seno del Instituto Armado, desde donde se considera que son movimientos "políticos" destinados a "arañar votos" en regiones con peso nacionalista.
El pasado martes, 7 de febrero, el Boletín Oficial de la Guardia Civil recogía un anuncio en el que se detallaba la "supresión" de los GEDEX en las Comandancias de Álava, Guipúzcoa o Lérida. Se trata de una unidad de élite especializada en "detectar, neutralizar y desactivar artefactos explosivos, incendiarios, radiactivos, biológicos y químicos", según reza el Instituto Armado.
La evolución de la lucha antiterrorista ante las embestidas de ETA propició la creación de esta unidad, que ha tenido un peso significativo en el País Vasco. Después se le añadirían las funciones NRBQ, ante las citadas amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas.
Con motivo de la naturaleza de su actividad, desempeñaron un papel clave durante la pandemia del coronavirus. La decisión de suprimir las unidades de los GEDEX en estos destinos correspondería a razones "organizativas", según el anuncio oficial recogido en el boletín.
Artificieros... y rescatistas
Del mismo modo, y este mismo 7 de febrero, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, firmó otra resolución similar en el mismo documento oficial del Instituto Armado; en este caso, para la supresión de los GREIM de Roncal, de la Comandancia de Navarra, y los de Puigcerdá, de la de Gerona. La justificación es idéntica a la anterior: "Necesidades organizativas".
Los GREIM constituyen el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Las primeras unidades se crearon en 1967 y, desde entonces, han ido adaptando sus capacidades y perfeccionando sus técnicas en función de las exigencias que representaban los operativos a los que hacían frente.
Según ha podido saber Vozpópuli, los gobiernos regionales han ido derivando en los últimos años parte de las incidencias a sus propios cuerpos, en detrimento de los agentes especializados de la Guardia Civil. "La decisión, no por ser menos sorprendente, es menos dolorosa", apuntan voces internas del cuerpo a este diario.
Las carreteras navarras
A todo ello hay que sumar la retirada de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. El Gobierno de José María Aznar prometió que cedería las competencias en el año 2000 al ejecutivo regional de UPN; una decisión que había permanecido congelada hasta la presente legislatura, cuando Pedro Sánchez reactivó las negociaciones con partidos nacionalistas o independentistas.
En concreto, alcanzó sendos acuerdos con PNV, en diciembre de 2019, y con EH Bildu, en noviembre de 2022, para culminar de forma definitiva la cesión de la gestión de las carreteras navarras al Gobierno foral; ambos pactos, necesarios para que el PSOE sacase adelante sus Presupuestos Generales del Estado.
Y ahora, dos días después de que la Guardia Civil anunciase la supresión de unidades de los GEDEX y de los GREIM, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado un preacuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para que las competencias de Tráfico sean exclusivas para la Comunidad foral a partir del próximo mes de julio.
Malestar en la Guardia Civil
Voces internas del Instituto Armado protestan por el incierto futuro de los agentes que actualmente se desempeñan en estas funciones, muchos de ellos con vínculos familiares en las regiones donde están destinados. Hasta la fecha se les han planteado tres opciones, si bien muchos de ellos aún están pendientes de conocer las condiciones precisas: seguir en la misma región, pero cambiando de unidad de la Guardia Civil; cumplir las mismas funciones en otras comunidades autónomas; o cambiar el uniforme para vestir el de los diferentes cuerpos autonómicos.
Esta serie de decisiones ha suscitado un profundo malestar en la Guardia Civil, al considerar que no existen informes técnicos que avalen la retirada de sus funciones en estas regiones. Al contrario, consideran que se trata de un movimiento político destinado a "arañar votos" en un año cargado de citas electorales.
También consideran que, en algunos de los casos, no hay la preparación adecuada para hacer el traspaso de las competencias, al considerar que los cuerpos autonómicos aún no tienen una plantilla especializada lo suficientemente amplia para cubrir las funciones asignadas.
Desde el Gobierno se justifican estos cambios con base en razones operativas o a culminar acuerdos pretéritos sobre la cesión de competencias. Los uniformados, no obstante, recuerdan las "constantes campañas de presión y hostigamiento" que se registran en País Vasco, Navarra y Cataluña en las que partidos y grupos nacionalistas exigen su retirada: "Con esta decisión, están un paso más cerca de conseguirlo".
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