El Gobierno saca pecho por la derogación del delito de sedición. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, su eliminación sirve para "adecuar la regulación a la realidad histórica actual". Así lo subraya en una respuesta escrita al grupo parlamentario de Vox a la que ha accedido Vozpópuli. En una avalancha de respuestas parlamentarias, el Gobierno trata de justificar sus concesiones a los partidos independentistas. Entre otros aspectos, argumenta que la Mesa de Diálogo con la Generalitat ha logrado "restablecer la convivencia en Cataluña".
En el caso concreto del delito de sedición, el Gobierno manifiesta que "la reforma operada en el Código Penal tiene por objeto armonizar nuestro ordenamiento jurídico a las legislaciones de los países de la Unión Europea, clarificar la estructura y delimitación de los delitos contra el orden público, y adecuar la regulación a la realidad histórica actual". No especifican a qué realidad histórica se refieren.
En la misma respuesta mencionan la reforma del delito de malversación. "La reforma castiga de forma distinta a quien se apropia de dinero público para sí o para un tercero, frente al que usa de forma inadecuada el dinero público sin que haya lucro propio o ajeno", apunta el Gobierno al respecto. A su vez, considera que "amplía la lucha contra la corrupción al enriquecimiento ilícito, mediante el reproche penal en todos los tipos de malversación y rehabilita la proporcionalidad de las penas entre los diferentes supuestos de corrupción".
El Ejecutivo insiste en que las concesiones a los separatistas son, en realidad, una manera de hacer frente al "conflicto territorial", mediante la vía del "diálogo y la búsqueda del restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat". Esta búsqueda de la normalidad se habría llevado a cabo "con la reactivación de la Comisión Bilateral, la puesta en marcha de la Mesa de Diálogo y la reducción de la conflictividad institucional".
En opinión de Moncloa, "todas estas iniciativas han contribuido a restablecer la convivencia en Cataluña y han devuelto la normalidad a las relaciones entre instituciones, existiendo actualmente un compromiso de abordar las discrepancias políticas en el marco del ordenamiento democrático y buscando soluciones amplias y transversales".
"En todo caso, -apostillan en el último párrafo del escrito- resulta obvio que dialogar no implica compartir ni todas las afirmaciones, ni todos los postulados, ni todos los objetivos de aquel con quien se dialoga".
Acuerdos de la Mesa de Diálogo
El Gobierno, sin embargo, omite varias de las preguntas parlamentarias sobre la fecha en la que tendrá lugar la próxima Mesa de Diálogo con Cataluña. Cabe recordar que de la última, acontecida el 27 de julio de 2022, Esquerra Republicana obtuvo la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación.
No solo eso. El segundo compromiso del Ejecutivo en aquella Mesa de Diálogo pasaba por "mejorar el impulso y la protección de la lengua catalana", que ha devenido en la desaparición del español de la escuela pública catalana. El pacto firmado por Moncloa con la Generalitat hace desaparecer al castellano como lengua vehicular a las aulas, y su uso se limitará a la asignatura de Lengua.
Nuevas concesiones
Hay más concesiones pendientes de rúbrica. Por ejemplo, la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al Govern. En este sentido, fuentes del Instituto de la Seguridad Social (INSS) manifiestan que no es un proceso que se esté llevando a cabo solo en Cataluña. Recuerdan que Galicia, cuando estaba gobernada por Alberto Núñez Feijóo, también inició este proceso. No obstante, el INSS no especifica con cuántas CCAA se ha iniciado esta cesión de competencias. En cambio, el Gobierno sí reconoce en una respuesta parlamentaria de la que se hizo eco este periódico que en la última Comisión Bilateral se acordó poner en marcha un grupo de trabajo para avanzar en este nuevo trasvase de competencias.
Por otra parte, el Gobierno se comprometió en la Mesa de Diálogo del pasado mes de julio a dedicar esfuerzos en política internacional para conseguir que el catalán figure como lengua oficial en la UE, una concesión que se suma a la supresión del delito de sedición y a la modificación del delito de malversación en los términos que dicta Esquerra Republicana (ERC).
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