Javier Gómez de Liaño no está dispuesto a que se archive el caso Sogecable. El abogado ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la negativa a imputar a Juan Luis Cebrián y otra serie de personas por el presunto encargo a José Manuel Villarejo para conseguir apartarle de esta investigación que dirigió en la década de 1990 sobre el Grupo Prisa e inhabilitarle como juez.
Ahora la Sala de lo Penal tendrá la última palabra sobre una posible citación como investigado del exconsejero delegado de Prisa, a quien Villarejo implicó en este asunto concreto. En su recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el otrora magistrado denuncia inacción por parte de los investigadores del caso Villarejo en este asunto concreto que se ordenó investigar en junio de 2022.
Según sostiene, las explicaciones que da la Fiscalía Anticorrupción y que recoge el magistrado Manuel García Castellón acerca de que no hay indicios que respalden las imputaciones solicitadas son "incoherentes e inaceptables". Al respecto apela a la decisión de la Sala de lo Penal del pasado año cuando corrigió el criterio del magistrado y le exhortó a investigar el caso Sogecable y a permitir la personación de Gómez de Liaño como perjudicado por estos hechos.
Diligencias "necesarias"
Frente al criterio del instructor, el abogado considera que las diligencias propuestas son "necesarias, eficaces y beneficiosas". Gómez de Liaño solicitó que se citara a Juan Luis Cebrián además de los hermanos Gregorio y Álvaro Marañón y Beltrán de Lis; el empresario Antonio Navalón; José Aliste y Enrique Bacigalupo, este último magistrado que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño por prevaricación.
Según recuerda el juez, se trata de nombres que Villarejo sacó a relucir en la denuncia que presentó en 2019 para que se investigara un presunto encargo contra el entonces juez del caso Sogecable. Al hilo apela a la declaración en sede judicial de Villarejo en la que confirmó que hubo un complot para apartar a Gómez de Liaño de la investigación que dirigía entonces contra Sogecable por presunta apropiación indebida de los fondos de los abonados a Canal Plus, la plataforma digital de Prisa.
Las diligencias propuestas son necesarias, eficaces y beneficiosas a los fines de esclarecer los hechos investigados, es decir, averiguar cómo se fraguó y ejecutó el plan para apartar a Gómez de Liaño de la investigación del asunto del caso SogecableRecurso del abogado
Al respecto, Gómez de Liaño reprocha al magistrado que no haya acordado prácticamente diligencias para esclarecer estos hechos pese al mandato directo de la instancia superior que entiende que debe investigarse por su vínculo con la presunta organización criminal que se atribuye a Villarejo.
Cabe recordar que el comisario jubilado no solo apuntó a un encargo que vendría del PSOE y del Grupo Prisa para reducir a Gómez de Liaño, sino que también desveló "entregas en mano" de pagos que ascenderían a 300 millones de pesetas y que incluso se llegaron a triangular empleando cuentas en Colombia y Delaware de José Aliste, un viejo conocido del comisario jubilado.
El caso Sogecable
"A nuestro juicio, no cabe duda, por tanto, que la negativa para que declaren las personas que citamos en nuestra proposición de diligencias, es injustificada por la ausencia de una ponderada valoración de aquellas en función de los principales intereses en juego; a saber: el esclarecimiento de los hechos y el hallazgo de la verdad; y la realización de la justicia como fin último y superior a todos", reza la defensa del abogado.
De esta forma refuta tanto a la Fiscalía Anticorrupción como al instructor del caso Villarejo que alegó que no hay indicios que justifiquen la imputación de las personas señaladas. En concreto defendió que por el momento no se ha localizado ningún informe entre todo el material incautado a Villarejo que acredite que se ejecutó este encargo, así como tampoco audios o anotaciones en sus célebres agendas, aunque solo cuentan con las escritas desde 2007.
Tampoco consta, alegan los investigadores, archivo de audio alguno sobre las conversaciones que Villarejo dijo haber grabado en relación a este encargo concreto de Sogecable. "Más allá de la primera comunicación dirigida por Villarejo no consta en la causa ningún elemento que permita tener por indiciariamente acreditada ninguna reunión celebrada para establecer los detalles de pagos a ningún magistrado", expuso el juez.
De esta forma responde a la versión mantenida por Villarejo acerca de que, entre los cometidos que se le encomendaron en 1998, se encontraba el de pagar al magistrado Bacigalupo, que integró el tribunal que inhabilitó a Gómez de Liaño. Un pronunciamiento que terminó en 2008 con una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humano (TEDH) por falta de imparcialidad en la inhabilitación del hasta entonces juez de la Audiencia Nacional.
La denuncia de Villarejo
Así pues, la Sala decidirá si las pruebas que obran sobre el caso Sogecable son suficientes para citar como investigado a Juan Luis Cebrián y el resto de personas a las que Villarejo aludió en la denuncia que elaboró en octubre de 2019 desde la cárcel de Estremera.
El comisario escribió de su puño y letra que a mediados de marzo de 1997 le contactó el histórico dirigente socialista 'Txiki' Benegas "en nombre de Felipe González" para encargarle tres cometidos concretos: espiar a la pareja de Gómez de Liaño para conseguir "información íntima" suya; presionar a Baltasar Garzón para que no obstaculizara el plan contra Gómez de Liaño y facilitar los pagos que Antonio Navalón tenía preparados bien fuera en metálico o bien a través de cuentas en el extranjero.
Al respecto dijo que parte de estos abonos, en concreto 170.000 dólares, fueron transferidos desde una sucursal del banco HSBC de las Antillas Francesas "a alguien próximo a un magistrado de la Audiencia Nacional". En ese tiempo, siempre según su versión, se celebraron reuniones con los hermanos Marañón que fueron el vínculo "con los de Sogecable" y con otros actores como Baltasar Garzón, quien, según apuntó, fue decisivo para que se actuara contra Gómez de Liaño en el Tribunal Supremo.
También dijo que algunas de estas reuniones fueron grabadas con microcintas que estaban depositadas en la caja fuerte de su domicilio de Boadilla del Monte y que han desaparecido. Ante ello Gómez de Liaño solicitó a la Audiencia Nacional que le diera traslado de este material.
Con todo, la investigación avanza muy despacio desde su arranque a mediados del año pasado. Además de la declaración de Villarejo y de Gómez de Liaño como denunciante, hasta ahora ha comparecido Manuel Lozano, una de las personas que habría facilitado pagos a Baltasar Garzón y que así se lo habría confesado a Gómez de Liaño. En su cita en sede judicial, negó todos estos extremos y dijo que no tenía nada que ver con el caso Sogecable.
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