El nuevo Govern pacta expulsar a la Policía del centro de Barcelona y crear un museo de la represión

Acuerdo de gobierno entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (Junts). Al reparto de carteras, siete para cada uno, hay que sumar el pacto de mínimos recogido en su programa conjunto. En él se recoge una reivindicación del independentismo que ha ido cogiendo forma en los últimos años, especialmente tras los disturbios registrados en el referéndum ilegal del 1-O: la expulsión de la Policía Nacional de su jefatura en el centro de Barcelona, en la Vía Laietana.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, aprobó una moción para tratar de reconvertir la Jefatura Superior de la Policía en un centro memorial de lucha antifranquista. Una propuesta presentada por ERC que contó con el apoyo de las fuerzas independentistas, los comunes y del PSC, y que provocó una airada reacción en el seno del cuerpo policial. A los agentes, por su parte, se les trasladaría a unas nuevas dependencias, más alejadas del centro de la ciudad.

Ahora, el nuevo Govern anuncia que priorizará las gestiones que sean necesarias para echar a la Policía de este emplazamiento y relanzar el proyecto de adaptación. Así consta en el documento de 46 páginas suscrito por ERC y Junts para la investidura de Pere Aragonès: "Convertir la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo". La iniciativa figura en el apartado dedicado a la "memoria democrática", dentro del capítulo de "derechos, justicia y seguridad".

El objetivo sería "promover la memoria democrática" de "los diferentes movimientos por la libertad de Cataluña y por la reivindicación de derechos sociales que ha vivido nuestro país en los últimos siglos", señalan ERC y Junts.

Con este acuerdo, el Govern articulará los mecanismos necesarios para exigir al Ministerio del Interior que traslade a la Policía Nacional a un nuevo emplazamiento. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se insistió en que no existen razones operativas para aprobar una decisión en estos términos. El proyecto requiere necesariamente la luz verde de Interior para salir adelante, al tratarse de una dependencia adscrita directamente a esta cartera ministerial.

Otras medidas policiales

El acuerdo también contempla otras medidas relacionadas con la seguridad, como "actualizar el modelo [...] potenciando la rendición de cuentas" y la "coordinación de los cuerpos" policiales. También se pretende impulsar la creación de nuevos puestos en los Mossos d'Esquadra hasta alcanzar los 22.000 efectivos y "feminizar" la institución hasta alcanzar la "paridad de género" en "todos los niveles".

Asimismo, ERC y Junts se comprometen a "incorporar nuevos elementos de prevención y mediación" para la "resolución de conflictos en las actuaciones policiales", como "alternativa a las respuestas clásicas" y en la búsqueda de "la menor lesividad posible". Por último, el acuerdo de gobierno contempla introducir una modificación legislativa "para garantizar que la Generalitat no participe en acusaciones particulares" contra las personas que formen parte de "movilizaciones sociales y políticas".

Como contó Vozpópuli, la decisión de dejar el departamento de Interior en manos de ERC despertó la preocupación entre las filas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que temen las decisiones que pueda adoptar el nuevo titular de este gabinete en materia de seguridad pública. Las quinielas políticas aportan dos nombres como posibles candidatos a asumir la responsabilidad: Roger Torrent, hasta ahora presidente del Parlament catalán, y Ester Capella, al frente de Justicia en los últimos años.

La gestión de esta cartera es una de las que generan una mayor controversia en Cataluña. Además de las tiranteces internas que se viven en los Mossos d'Esquadra, el responsable debe lidiar con las críticas del independentismo más radical por los dispositivos policiales en actos separatistas. Fuentes policiales inciden en la contradicción que suponen los mensajes lanzados desde el Govern llamando a las movilizaciones frente a los despliegues policiales. En ese frágil equilibrio, ERC y Junts ofrecen un nuevo modelo alejado de las "alternativas clásicas".