El exconsejero madrileño Francisco Granados ha denunciado a seis agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por el delito de drogas que parece desprenderse de intervenciones telefónicas del caso Púnica, hipótesis que admitieron algunos de esos agentes en el primer juicio por este caso de corrupción.
"Todos los miembros de la UCO que declararon (en el juicio), los cuales todos participaron en la intervención y transcripción de las conversaciones, admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del Sr. Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción", destaca la denuncia de Granados sobre este juicio celebrado recientemente en la Audiencia Nacional.
Esta denuncia, presentada en los Juzgados de Instrucción de Madrid y a la que ha tenido acceso Efe, se dirige por el momento contra seis agentes que participaron en esta investigación, y se complementa con una segunda denuncia, dirigida contra Marjaliza y otros dos presuntos narcotraficantes que aparecen en las conversaciones intervenidas.
La defensa de Granados, que ejerce Javier Vasallo, considera a estos seis agentes autores de un delito de omisión del deber de perseguir delitos, y lamenta que hasta la fecha, "y por razones desconocidas, no se haya abierto investigación alguna por estos hechos, ni por parte de la Audiencia Nacional u otro órgano judicial".
Pone además en cuestión que se procediera contra Granados por el chivatazo que le dieron de la investigación de la UCO a Marjaliza -que ha sido por la que ahora ha ido a juicio-, y, por contra, se obviasen las evidencias de posibles delitos contra la salud pública y blanqueo, que se estaban cometiendo en el mismo momento en que se hacían las intervenciones telefónicas.
En esas conversaciones Marjaliza habla con su secretaria de un tal "el cojo" que se ha pasado por su oficina y que tiene un hermano en prisión por "drogas", negocia préstamos de altas cantidades de dinero con un presunto narcotraficante, y hablan de "inversiones", de "coches" y de la llegada de la "góndola", lenguaje que el abogado cree que es cifrado.
Marjaliza llega a preocuparse por la detención en el aeropuerto de Madrid de un conocido al que llama "el jefe", situación que, dice el abogado, le crea desasosiego a él y a su interlocutor porque no pueden pagar a los prestamistas, y se pone en riesgo la llegada de "los coches". Según las denuncias, Marjaliza le entregó en una ocasión 30.000 euros y le devolvieron 55.000, lo que para el abogado encubre el lavado de dinero o la obtención de ganancias de la droga.
El letrado no entiende cómo el contenido de esas conversaciones no hace "saltar las alarmas de los UCO" y sostiene que los agentes, pese a ser conocedores de lo que estaba pasando, optaron por obviarlo para beneficiar a Marjaliza, "testigo de cargo para acusaciones" en el caso Púnica.
Recuerda que éste "ha gozado hasta la fecha una posición de privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal alguna, además de no poder entender el porqué de ese privilegio y beneficio delictivo, al existir conforme declaraciones de este plenario, y llamadas telefónicas, observadas e intervenidas, un presunto delito contra la salud pública" y que no se ha investigado.
Advierte de que en las confesiones en el caso Púnica "hay una clara intención de autoexculparse" y de "obtener beneficios a costa de trasladar su única responsabilidad de los hechos a otros investigados, como el Sr. Granados que, sin duda alguna, es el atractivo y objetivo en todos los ámbitos".
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