El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, defendió el pasado miércoles a capa y espada su inocencia en la Audiencia Nacional. Lo cierto es que su intento de desvincularse de la trama Púnica no convenció ni al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Eloy Velasco, ni a las fiscales Anticorrupción Carmen García ni María Teresa Gálvez. Entre otras cuestiones porque los indicios que pesan contra el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre se cuentan ya por decenas.
En un nuevo auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor explica cómo Granados "ayudó" a mejorar la imagen de cargos del Partido Popular. "Con la ayuda de Francisco Granados, Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa pudieron realizar los servicios de propaganda para diferentes autoridades del Partido Popular de varios territorios de España", recalca Velasco en referencia a los dos empresarios que se encuentra imputados en esta macrocausa por los negocios de reputación online que llevaron a cabo para diferentes cargos 'populares'.
En la resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional explica que "el apoyo e inducción de Francisco Granados a Alejandro de Pedro ha sido una ligazón mantenida a lo largo de los años que ha se ha ido revelando fruto de la investigación". El juez recuerda que entre el 2 y 7 de abril de 2013 el exconsejero madrileño, De Pedro y Alonso Conesa viajaron a Costa Rica y Panamá ofreciendo servicios de asesoramiento político, publicidad y propaganda.
"De la investigación se ha podido constatar que desde hacía un año se venían satisfaciendo mensualidades de 12.906 euros por un contrato con la alcaldesa de Panamá sobre mapa de skateholders, monitoreo y reputación digital, en términos muy similares a los que realizada para las autoridades españolas", subraya Velasco que apunta a que, tras estos pagos, se pudo cometer un delito de blanqueo de capitales.
Varios políticos en el disparadero
De la investigación de la trama Púnica se desprende que las empresas del gurú informático De Pedro -principalmente Eico y Madiva- hicieron trabajos para mejorar la reputación en la red a distintas autoridades del PP. Por ejemplo, a los exconsejeros de la Comunidad Madrid Lucía Figar y Salvador Victoria, a la actual senadora Pilar Barreiro, al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazón, al presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez – quien había concertado los trabajos con la trama aunque éstos no llegaron a ejecutarse- o al exalcalde de Gandía, Arturo Torró.
En varios casos, esos informes para mejorar la imagen personal de los diferentes políticos fueron pagados con fondos de las arcas públicas. De ahí que muchos de ellos hayan acabado imputados en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, en su declaración del pasado miércoles Francisco Granados desvinculó al empresario Alejandro de Pedro de cualquier actividad delictiva, según informan fuentes jurídicas. El ex secretario general del PP de Madrid trató de salvar a algunos imputados a los que dedicó solo buenas palabras y perjudicar a otros como fue el caso de su exsocio y e amigo David Marjaliza.
