Primero se les investigó en Estados Unidos; ahora, la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Juan Guaidó quiere que se les indague también en España. El Departamento de Justicia estadounidense les acusó de formar parte de un entramado dedicado a blanquear miles de millones de dólares de las arcas públicas venezolanas, dinero con el que adquirieron propiedades y bienes en el extranjero. Los tres empresarios venezolanos Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero, conocidos en el país caribeño por ser los dueños del canal de televisión abierto de información Globovisión, también tendrían cuentas e inmuebles en el territorio español.
La solicitud de Guaidó tiene lugar en medio de las pesquisas que realiza el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y la Audiencia Nacional contra varios excargos venezolanos vinculados con una red de blanqueo de capitales. Se añade, a su vez, a la denuncia que su comitiva de diputados presentó el pasado mayo a puertas de la Fiscalía General del Estado contra otros exfuncionarios, empresarios y juristas que habrían resultado beneficiados de sus trabajos con el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, la misma comitiva ha pedido al Ministerio Fiscal que coopere y congele las cuentas y bienes de varios sospechosos, entre ellos Gorrín, Perdomo y Cordero.
Desde 2014 un centenar de inmuebles ubicados en Marbella y Madrid habrían sido adquiridos por excargos del Gobierno de Hugo Chávez con dinero desviado de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción y el juzgado madrileño que el pasado 21 de junio se inhibió en favor de la Audiencia Nacional para llevar las causas. Hasta ahora, han sido señalados por la Justicia española los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.
Un año antes de ese boom inmobiliario, en 2013, los tres magnates venezolanos se hicieron con el canal de 24 horas de información Globovisión. Con su llegada, salieron varios periodistas insignias de la cadena y se anunció el cambio a una línea editorial "de centro". Pocos meses después de aquella transformación, Miami declaró persona non grata a uno de los dueños, Cordero, por la cobertura "inadecuada" que dio el medio a las protestas que tuvieron lugar en Venezuela en 2014.
Jets privados, yates y casas
En 2017 se inicio en Estados Unidos la acusación contra el cabecilla de Globovisión, Raúl Gorrín. El Distrito Sur de Florida le atribuyó un delito de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de blanqueo de capitales. En concreto, se alegó que el empresario habría pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para conseguir transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el Gobierno de Venezuela.
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Gorrín habría comprado jets privados, yates, casas, caballos y relojes de alta gama. Para ocultar los pagos de sobornos, creo múltiples empresas fantasma en Panamá. Según ha podido confirmar Vozpópuli, al menos una docena de compañías fueron creadas por el venezolano entre 2008 y 2016 en el país centroamericano. En el marco de sus operaciones, Gorrín se alió con otro de los investigados por la Justicia estadounidense para adquirir un banco en República Dominicana para el lavado de sobornos pagados a funcionarios. En el caso de Perdomo destaca la compra de un Falcon 50EX.
Este año, las investigaciones en Estados Unidos derivaron en sanciones para Gorrín y Perdomo. El Departamento del Tesoro les castigó por sus actividades relacionadas con la trama de corrupción que generó más de 2.400 millones de dólares en ganancias, según datos de la Justicia norteamericana.
Apertura de diligencias
En la trama a la que se hace referencia también habría participado Claudia Díaz Guillén, enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez y exdirectora de la Oficina Nacional del Tesoro, detenida en Madrid en abril de 2018. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela requirió su extradició; España la rechazó el pasado febrero al alegar la posible vulneración de sus derechos fundamentales ante la situación que se vive en el país caribeño.
Desde la Asamblea de Guaidó han pedido ahora que se proceda a "abrir las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento". Se ha requerido, a su vez, que se ordene desde Anticorrupción la "práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a los posible perjuicios a nuestros dos países, designando un fiscal especial para dirigir la investigación".
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