El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra de vacaciones en Lanzarote, al igual que Pedro Sánchez, y esa isla es desde esta semana la segunda de las vertientes de la 'operación Valka', que desarrolla la Guardia Civil por orden judicial. La primera tuvo lugar días atrás en la ciudad de Las Palmas, donde gobierna la que fuera sustituta de Salvador Illa (también de vacaciones en la isla de Lanzarote) en el Ministerio de Sanidad, Carolina Darias.
Darias ha heredado la gestión del PSOE canario que lidera en la isla de Gran Canaria Augusto Hidalgo, quien fuera alcalde entre 2015 y 2023, y donde Podemos ejerció el control durante ocho años del área de Urbanismo, manejando un proyecto de bus rápido llamado Metroguagua, que pasó de tener un presupuesto de 50 millones de euros a inflarse hasta los 170 millones.
Los registros en Lanzarote y Las Palmas están siendo ejecutados simultáneamente por un operativo conjunto de la Guardia Civil integrado por miembros del Seprona, Grupo de Delitos Tecnológicos y EDITE de la Unidad Orgánica de Policía Judicial Comandancia de Las Palmas, bajo la dirección del magistrado Instructor del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad y de los fiscales delegados de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas.
En esta capital, la Fiscalía Anticorrupción también investiga presuntos indicios de posibles irregularidades en la gestión cultural de la empresa pública ‘Sociedad de Promoción de Las Palmas’. Además de la contabilidad se indaga en los contratos negociados sin publicidad por exclusividad artística, un tipo de vinculación que si bien es legal se estudia cómo surgieron o cómo se gestionaron.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo esta semana respecto a las investigaciones en cuestión que le preocupaba "que la gestión de fondos europeos pueda verse envuelta en dudas jurídicas sobre su utilización" y pidió la "presunción de inocencia" de cargos del PSOE, funcionarios y empresarios investigados sobre la utilización de fondos europeos.
También reclamó que trabaje la Justicia "y esperar qué es lo que hay detrás, pero evidentemente no es una buena noticia que fondos europeos se vean envueltos en procesos de investigaciones judiciales y eso sí me preocupa", acusó el propio Clavijo.
Investigación del proyecto 'Metroguagua'
Además de las cuentas de Cultura, lo que investiga la Guardia Civil desde este agosto en Lanzarote y Las Palmas son una serie de adjudicaciones de proyectos financiados por la UE y, en especial, un BRT, un autobús de tránsito rápido que en las islas financiado con un crédito del Banco Europeo de Inversiones. El préstamo fue de 50 millones euros y ya va por 170 millones de presupuesto.
La fecha inicial prevista para terminar la obra del BRT era 2021. Ahora, 2028. Y, en medio de todo esto, la Guardia Civil esta semana ha estado interviniendo equipamiento informático de funcionarios de Urbanismo y Medio Ambiente además de la empresa municipal Geursa "por diversos delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo", según dijo a Vozpópuli un portavoz de la Fiscalía de Las Palmas este martes. Por el momento hay cinco investigados.
El juez que dirige el procedimiento imputa presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios en la órbita prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. "La investigación se centra en la posible existencia de una trama organizada dedicada a favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos de la esfera de los cargos y excargos públicos", afirmó una fuente oficial de la investigación.
Además del caso relacionado con decisiones administrativas en Las Palmas capital, la Fiscalía Europea investiga 50 contratos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por las adjudicaciones sanitarias realizadas por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia bajo el Gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Memoria Democrática del Gabinete Sánchez, y el 'caso Mascarillas' por la pérdida de 4,2 millones de euros que se compraron a una empresa que carecía de estructura y experiencia.
En el 'caso Mediador', hay al menos dos aspectos que atañen a fondos comunitarios: el reparto de subvenciones agrarias y los gastos del programa GAR-SI Sahel, una iniciativa europea de cooperación a la seguridad en esa región de África al frente de la cual estuvo el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único de los 12 detenidos que fue enviado entonces a prisión.
Se investigan delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsificación, blanqueo de capital, pertenencia a banda criminal por extorsionar a ganaderos y queserías canarias o sociedades que emplearían herramientas de ahorro fiscal. En lo político han sido imputados el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuente , presuntos cabecillas del 'caso Mediador' dado que ambos fueron directores generales de Ganadería con Ángel Víctor Torres.
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