La Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia han constituido el primer equipo conjunto de investigación policial entre ambos países, con el objeto de desarticular una trama que se dedicaba a la explotación de mujeres a las que amenazaban con sicarios. Se trata de una vía de colaboración bilateral inédita hasta la fecha, que también ha tenido sus frutos en el ámbito judicial. El trabajo conjunto ha permitido la detención de siete personas en ambos países y la liberación de varias víctimas potenciales. Se calcula que este clan, conocido con el nombre de los Pachelly y con un extenso historial criminal, habría explotado a medio centenar de mujeres.
El desarrollo del trabajo común ha tenido lugar bajo la operación Estorque ['extorsión', en latín]. Las pesquisas arrancaron tras recibir la denuncia de una víctima de trata en España, a la que se le dio el estatus de testigo protegida. La mujer, en una delicada situación económica y familiar, detalló a los agentes cómo fue captada por la organización mediante engaños.
Tras establecer las pertinentes relaciones con las autoridades colombianas, ambas partes decidieron constituir un equipo conjunto de investigación con el objetivo de desarticular la trama en los dos países: las detenciones debían desarrollarse de forma coordinada para evitar que los criminales se alertasen entre sí, lo que hubiera propiciado su huida o que llevasen a cabo acciones violentas contra las mujeres explotadas o sus familiares.
En concreto, este grupo lo conformaron la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo por parte de España, y por la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), bajo el liderazgo de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela y por las Fiscalías de España y Colombia.
El clan de 'los Pachelly'
Así, investigadores de la Guardia Civil y colombianos lograron determinar que las mujeres eran engañadas con falsas promesas laborales en su país de origen para ser trasladadas a diferentes provincias en España. La realidad a la que se enfrentaron las víctimas era muy diferente a la que se les había prometido: inmediatamente se les obligó a ejercer la prostitución en pisos privados. Se estima que la organización criminal obtuvo beneficios de entre 25.000 y 35.000 euros con cada una de ellas.
Porque las víctimas no sólo padecían la explotación sexual, sino que la trama les obligaba además al abono de pagos mensuales, siempre bajo amenazas de emplear la violencia contra los familiares que permanecían en Colombia. Y los antecedentes de quienes vertían las amenazas hacían temer lo peor: era el grupo de los Pachelly, muy conocido en el país sudamericano por su historial criminal -especialmente dedicado al marcotráfico- y por tener vínculos con otras organizaciones igualmente violentas, como el Clan del Golfo.
Las pesquisas en ambos países avanzaron hasta el punto que los investigadores llegaron al cabecilla de los Pachelly, momento en que se decidió proceder a la detención de los miembros del clan implicados en la trama. Los agentes llevaron diversas actuaciones en España –A Coruña, Toledo y Cáceres- que se saldaron con la liberación de tres mujeres y la detención de cuatro personas, a las que se les acusa de los delitos de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Al mismo tiempo, en Colombia, se detuvo a otras tres personas, incluido el citado líder del clan –capturado en Medellín-, quien controlaba todas las fases de captación, traslado y explotación de las mujeres. Los investigadores también lograron acreditar cómo ejercía las presiones y amenazas contra los familiares directos de las víctimas. Las autoridades, además, han emitido una orden internacional de detención contra una mujer a la que se ubica en Ecuador.
Para el desarrollo adecuado de las detenciones, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional de Colombia cruzaron agentes especializados entre uno y otro país para lograr una coordinación más efectiva en la operación.
El golpe policial ha propiciado la desarticulación del sistema financiero y de blanqueo de capitales del clan en Colombia. El equipo conjunto también ha trasladado a un lugar seguro, lejos de los tentáculos de la organización, a víctimas y familiares. Uno de los casos más simbólicos es el del hijo de una de las mujeres, al que se consiguió trasladar hasta España con el apoyo de instituciones y organizaciones sociales.
Los investigadores destacan que la operación aún sigue abierta.
