España

Guardias civiles de base se vuelven contra su directora y toman la calle por la subida salarial

Los agentes presionan para que María Gámez reconsidere el borrador con la nueva política de sueldos. La controversia se centra en el pago de las productividades y de los servicios extraordinarios

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, afronta una nueva controversia en el Cuerpo; esta vez, con motivo de la distribución del acuerdo de mejora salarial. Las bases le acusan de faltar a su promesa y de haber promovido “unos pagos low cost” por sus servicios extraordinarios. También de favorecer a los mandos en el reparto del dinero destinado a los sueldos. Los agentes -a través de las asociaciones representativas- expresan su malestar y presionan desde las calles para forzar un nuevo acuerdo.

La cronología viene de lejos. Las asociaciones de la Guardia Civil firmaron un acuerdo con el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para la mejora de sus salarios. El objetivo: minimizar la brecha entre lo que cobran policías y guardias civiles respecto a otros cuerpos, principalmente los mossos d’Esquadra. Tras la moción de censura que erigió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, fue Fernando Grande-Marlaska quien articuló los mecanismos para el abono de las partidas presupuestarias.

La mejora retributiva se dividió en tres tramos. Los dos primeros se abonaron con Félix Azón al frente de la Guardia Civil. Con polémica: en una de esas fases, el entonces director del Cuerpo cedió un porcentaje del dinero de sus agentes en beneficio de los policías nacionales.

María Gámez tomó las riendas del Instituto Armado cuando se estaba negociando el tercer tramo. Las asociaciones representativas aplaudieron su disposición de escuchar sus demandas. Finalmente, los guardias civiles obtendrían en este tercer tramo la cantidad que pretendían.

Los puntos polémicos

La polémica llegó después, a la hora de asignar esa cantidad entre los miembros de la Guardia Civil. Las bases del cuerpo aseguran que María Gámez les había prometido un reconocimiento por los servicios extraordinarios similar al de los policías nacionales: el abono de un plus por trabajar en festividades o fechas señaladas.

Las bases de la Guardia Civil consideran que este modelo beneficia a los mandos y que ellos pierden parte de los beneficios que habían alcanzado

Pero la propuesta de la directora -80 euros por cada uno de estos servicios- está lejos de satisfacer las pretensiones de los agentes. ¿El motivo? Consideran que se trata de una “propuesta low cost” y una “tarifa plana”: “Como es lógico, en la Policía se paga más por trabajar en Navidad que un sábado; eso es lo que pedimos nosotros”, señalan fuentes asociativas a este diario.

También hay malestar por el plan que ha esbozado Gámez para abonar las productividades. La cifra debía rondar los 50 euros mensuales por cada agente con el tercer tramo de la equiparación salarial, pero la dirección del Instituto Armado propone la redistribución de esa partida en “otros conceptos”. Las bases del cuerpo consideran que este modelo beneficia a los mandos y que ellos pierden parte de los beneficios que habían alcanzado.

Críticas internas

Productividades y servicios extraordinarios, dos cambios que han irritado a los guardias civiles de base. Consideran que María Gámez falta a su promesa de un reparto justo de las mejoras salariales y aseguran que presionarán para reconsidere su propuesta: la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se concentra este jueves a las puertas de la dirección del cuerpo: “Exigimos una nueva regulación”, aseveran. Otros grupos representativos, como la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) o Unión de Guardias Civiles, también se han mostrado críticos con la propuesta.

No ha pasado ni un año desde que asumiera la dirección de la Benemérita y María Gámez ha tenido que gestionar algunos asuntos polémicos que han sacudido los cimientos de la institución. El que levantó una mayor polvareda política fue la reestructuración de la cúpula del cuerpo, siguiendo las instrucciones del ministro Fernando Grande-Marlaska, que culminó con una batería de ceses y dimisiones de los altos mandos. Ahora debe gestionar la controversia salarial para evitar el creciente malestar que hay en sus filas.

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