La posición de la Fiscalía sobre la investigación del papel que desempeñó José Manuel Franco en la manifestación del 8-M de Madrid ha despertado irritación en el seno de la Guardia Civil. Mandos del cuerpo se oponen al ministerio público y consideran "prematuro" que solicite el sobreseimiento de la causa. También anuncian que lo recurrirán en caso de que el Juzgado de Instrucción número 51, en caso de que asumiese esa decisión.
"Que la Fiscalía solicite el sobreseimiento de la causa, con argumentos similares a los valorados por la Abogacía del Estado, nos parece cuanto menos prematuro", detallan desde Unión de Oficiales Guardia Civil, asociación que representa a buena parte de los mandos del cuerpo. Según señalan, el archivo de la causa sólo se podrá adoptar cuando las diligencias de prueba -practicadas o pendientes de practicar- evidencien de "forma objetiva" la inexistencia de los hechos que se investigan. La asociación considera que no se ha llegado a tal extremo.
"Debe quedar claro que la característica de la fase instructora del procedimiento penal no es otra que la investigación de hechos en apariencia delictivos, por lo que salvado este control inicial, la instrucción estará encaminada al esclarecimiento de los hechos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la identidad de las personas que en los mismos pudieren haber participado", aseveran desde la asociación. "Si tras dicha indagación se advirtieren indicios racionales de criminalidad, estará justificado el llamado juicio de acusación que se desarrolla durante la fase intermedia".
A dos días de la declaración de Franco
Desde la asociación destacan que la actuación de la Fiscalía "choca frontalmente" con su posición. Consideran que mientras no se descarte plenamente la existencia de una infracción, "la causa merece proseguir, en aras de conocer la verdad de los hechos".
Según el ministerio público, la hipótesis lanzada en el auto de admisión a trámite de la denuncia "no encuentra apoyo en dato indiciario alguno" de que José Manuel Franco hubiese podido cometer un delito. Su posición llega tres meses después de que comenzase el procedimiento y dos días antes de que el delegado del Gobierno en Madrid acuda a declarar como investigado.
