En pleno puente y de tapadillo. Así ha sido la oficialización de la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra por parte del Gobierno, que transfiere las competencias por completo a la Comunidad Foral, según se puede leer en el Boletín Oficial del Estado publicado este viernes, Día de la Constitución. El texto, firmado por Pedro Sánchez, busca "integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral de Navarra".
El artículo señala que "corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico". De este modo, será la Policía Foral de Navarra quien tenga la competencia exclusiva para vigilar las carreteras de la región.
El Partido Popular trató de frenar el traspaso a través del Senado, donde posee mayoría absoluta, con la propuesta de firmar un acuerdo de cooperación para que la Policía Foral y la Guardia Civil mantuvieran su presencia en las carreteras navarras, pero esta fue rechazada en el Congreso, que acabó aprobando el proyecto de ley que recoge elacuerdo alcanzado entre Moncloa y el gobierno de Navarra dirigido por la socialista María Chivite.
Navarra permitirá que los agentes de la Guardia Civil que patrullan en Navarra pasen a formar parte de la Policía Foral para cubrir las plazas necesarias para vigilas las carreteras. En concreto, Chivite estimó que harían falta 149 agentes adicionales a los 227 con los que ya cuenta la autonomía. De esta forma, Pedro Sánchez cumple uno de los requisitos de EH Bildu para lograr su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aunque lo ha hecho más tarde de lo prometido, ya que esta transferencia de competencias estaba prevista para antes del 31 de marzo del pasado año.
Marlaska nunca ha dado explicación alguna
AUGC denuncia que este traspaso deja a muchos guardias civiles en una situación laboral incierta, sin alternativas claras para su reubicación.
"Siempre hemos exigido medidas urgentes al Gobierno para garantizar la estabilidad y reubicación adecuada de los guardias civiles afectados, reiterando nuestra oposición a políticas que, sin negociación ni consideración de sus implicaciones, desmantelan el despliegue de la Guardia Civil en Navarra", comentan fuentes del cuerpo.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación por la transferencia de competencias de tráfico en Navarra, destacando la incertidumbre laboral para los agentes y la falta de soluciones por parte del Gobierno para proteger sus derechos y estabilidad", manifiestan estas fuentes.
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