La Guardia Civil copió correos electrónicos enviados desde 2016 por los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el exvicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, por orden del juez del Supremo Pablo Llarena.
En un auto fechado el pasado 11 de enero de 2018 y dictado dentro de una pieza secreta del sumario por el procés hacia la Declaración Unilateral de Independencia que ya ha sido notificado a las partes tras el levantamiento de la reserva, Llarena ordenó "el acceso, examen y análisis de la correspondencia electrónica" de las personas arriba citadas y de otras.
Así la Guardia Civil copió correos no solo de los líderes independentistas de las organizaciones ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sino también de los citados y de otros como la líder de ERC, Marta Rovira, o la ex portavoz de la CUP, Anna Gabriel, así como de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
El período vigilado por el auto de Llarena abarca desde el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 (la fecha en que se disolvió el Parlament porque entró en vigor la aplicación del 155 en Cataluña).
Además de los miembros del Govern y de la Mesa citados, la medida afecta también al presidente de Junts pel Sí (JxS), Lluis María Corominas; a la presidenta de la CUP, Mireia Boya; así como a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.
A ellos se suman el secretario de Economía del Departamento de Vicepresidencia, Pere Aragonés; el director gerente de Òmnium, Joan Vidal; el presidente del Instituto de Estudios de Autogobierno, Carles Viver; el responsable de la Secretaría para el desarrollo del Autogobierno, Víctor Cullell; y el responsable de la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno.
Confirmar los indicios
La vigilancia persigue, según explica en su auto Llarena, "confirmar o refutar los indicios de los que se dispone".
El juez recuerda en su auto que los indicios apuntan a que existió un concierto entre las personas investigadas: "el referéndum se llevó a término tras numerosas llamadas a la movilización ciudadana cursadas desde las fuerzas políticas, así como por representantes de ANC, Òmnium y AMI (Asociación de Municipios para la Independencia)".
Todo ello derivó en una movilización ciudadana que conllevó incidentes "coactivos o violentos" como los ocurridos el 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía, añade
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