La imagen es elocuente. Varios miembros de la Guardia Civil aparecen alrededor de una mesa en la sede en Bilbao del sindicato abertzale LAB. Sobre la misma hay billetes, la mayoría de escaso valor facial. Abundan los de 5 y 10 euros, aunque también se ven de 20. Sin embargo, el mayor volumen de dinero está en monedas. Una auténtica montaña que los miembros del Instituto armado se afanan en contar una tras otra y empaquetar para llevarlas como prueba de cargo a la Audiencia Nacional. Cerca de media tonelada. Aproximadamente, 90.000 euros. Ese es el balance provisional del dinero intervenido en la 'Operación Mate' saldada con 16 detenidos y en la que el Instituto armado ha propinado un nuevo golpe al llamado 'frente de makos', la red de abogados presuntamente encargados de mantener la disciplina dentro del colectivo de presos de la banda armada.
La mayor parte de los 90.000 euros intervenidos estaban en una herriko taberna y en la sede en Bilbao del sindicato abertzale LAB
Doce de los arrestados son, precisamente, letrados, entre ellos Amaia Izko, portavoz de Sortu, y Ainhoa Baglietto, defensora de Josu Uribetxeberria Bolinaga. Los cuatro restantes, los supuestos responsables de la tesorería de Herrira, una organización de apoyo a los reclusos etarras desmantelada en 2013 en otra operación de la Guardia Civil y que, según destacan los investigadores, seguía operativa, dedicada precisamente a financiar dicho entramado. Todos ellos están acusados de pertenencia a banda armada, pero también de blanqueo de dinero y delitos contra la Hacienda Pública. Y es que, según señalaba el Ministerio del Interior en un comunicado, la operación buscaba la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al “colectivo de abogados”. Los investigadores acusan a los letrados de no haber declarado al fisco unos ingresos de más de 1,3 millones de euros en 2012 y 2013 procedentes de las minutas cobradas por la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA.
Según recalca Interior, ese dinero era pagado por Herrira, que se valía de aportaciones voluntarias de simpatizantes, pero también de rifas y de la venta de productos de 'merchandising'. Ese era el origen, supuestamente, de la mayor parte de los 90.000 euros en calderilla intervenidos este lunes en la sede en Bilbao de LAB. Tras los arrestos, la secretaria general de este sindicato, Ainhoa Etxaide, aseguraba que todo el dinero encontrado en las dichas instalaciones procedía de dinero recolectado durante la manifestación celebrada el pasado sábado en Bilbao para pedir el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y que, por tanto, era "totalmente legal".
Rondas de control
Fuentes cercanas a la investigación confirman a este diario dicha procedencia, pero destacan que la supuesta ilicitud del mismo no está tanto en su origen como en su destino. Siempre según estas fuentes, dicho dinero se iba a dedicar a sufragar las minutas de los abogados. Unos ingresos que éstos supuestamente no declaraban a Hacienda gracias a dos empresas 'tapadera' y por el que tampoco pagaban el IVA correspondiente. Incluso, apuntan que los utilizaban para retribuir a los empleados de sus bufetes, a los que no habían dado de alta en la Seguridad Social. Con este dinero, los letrados costearon también los desplazamientos que les había permitido en los últimos meses visitar el 95% de los centros penitenciarios donde hay recluidos presos de ETA para dar consignas y directrices de la banda, “cuyos intereses se anteponen al interés individual de los presos”, recalcaba en el mismo sentido Interior en una nota de prensa.
La Guardia Civil cree que los abogados defraudaron a Hacienda 1,3 millones de euros entre 2012 y 2013 gracias a dos empresas 'tapadera'
Las fuentes consultadas recuerdan que en la primera parte de la operación, denominada 'Jaque' y desarrollada en enero de 2014, ya se incautó a la abogada Arantza Zulueta, detenida entonces, un documento de ETA en el que los dirigentes etarras recalcaban que la labor principal de los letrados no era "ganar juicios", sino "trabajar desde el punto de vista de la lucha y la línea general". Con sus visitas, los abogados supuestamente intentan cortar cualquier amago de disidencia en un momento de tensión dentro de las cárceles por la falta de avances en la situación penitenciaria pese al abandono de la violencia por parte de la organización terrorista. En este sentido, otro documento de la dirección de la banda intervenido en aquella primera fase de la operación establecía que "tiene que haber una línea clara entre estar y no estar en el colectivo de presos".
Según fuentes de la lucha antiterrorista, los abogados hacían visitas a los presos no tanto para estudiar su situación penitenciaria como para elaborar 'fichas' sobre el nivel de adhesión de cada uno de ellos a la disciplina de la banda. Trataban supuestamente de evitar que se acogieran a “vías penitenciarias personalizadas” como la llamada 'Vía Nanclares'. Quienes se salían del colectivo perdían el apoyo social y económico (algo más de 100 euros mensuales que ingresaban en su peculio penitenciario). También sus familiares. De hecho, fuentes de la investigación señalan que parte del dinero intervenido supuestamente se dedicaba también a financiar los viajes de éstos para visitarlos en las cárceles. "La operación ha sido la puntilla para sus finanzas, que están exhaustas. De hecho, deben varios pagos a los abogados por el trabajo de los últimos meses", recalcan las mismas fuentes. Media tonelada de monedas dan fe de ello.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación