La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que el Gobierno pretende su "expulsión" de puertos y aeropuertos españoles, en base a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que derivaría sus competencias a otros cuerpos policiales. Esta medida, aseguran desde la asociación, pone en riesgo el destino de 6.000 agentes del Instituto Armado.
"Esta vez es el Ministerio de Interior, a través de su Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, el que pretende entregar la seguridad de los puertos y aeropuertos a las policías autonómicas, acelerando todos los trámites para dejarlo cerrado antes de que se acabe la legislatura, teniendo como efecto inmediato el destierro de más de 6.000 guardias civiles y sus familias de sus localidades", denuncian desde AUGC, añadiendo que el Gobierno pretende firmar esta orden "antes de que finalice la legislatura".
Según AUGC, un informe jurídico de la Dirección General de Coordinación y Estudios sugiere que debe hacerse entrega de las competencias que ostenta la Guardia Civil en todos los puertos de interés nacional y autonómico a la Policía Nacional, que actualmente solo realiza el control de la documentación, al ser la competencia reconocida en la mencionada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y reconoce que, esta decisión supone, como efecto colateral, la entrega de la seguridad integral de los puertos a las Policías autonómicas en sus respectivos territorios.
"El brazo ejecutor de este nuevo desplante a la Guardia Civil es el Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, de la mano, otra vez, del famoso comisario José Antonio Rodríguez, alias Lenin, al cual el Ministerio del Interior premió por su afinidad y convirtió en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico, para posibilitar su continuidad tras jubilarse como policía", apuntan desde AUGC.
Y añaden: "Grande-Marlaska le convirtió en número tres del Ministerio, otorgándole atribuciones que dependían de la propia Secretaría de Estado de Seguridad, creando para ello un puesto a medida de José Antonio Rodríguez y sus afines, a los y las cuales después colocó al mando de una Comandancia y diversas Comisarias y puestos de mando".
Malestar en la Guardia Civil
La asociación considera que este comisario ya actuó previamente en contra de los intereses de la Guardia Civil en beneficio de la Policía Nacional o los cuerpos autonómicos, "como ya sucedió con la problemática del transporte de presos y penados, en las cuales AUGC tuvo que acudir al Defensor del Pueblo y a la Unión Europea".
"Estas disputas, por ver quién es el responsable de la seguridad de puertos y aeropuertos en España, no son algo nuevo, ya que una y otra vez se ha intentado desplazar a la Benemérita de una competencia exclusiva, con continuos ataques desde los partidos nacionalistas catalanes y vascos, queriendo usarnos como moneda de cambio de este gobierno", detalla la asociación.
AUGC recuerda otras decisiones asumidas por el Gobierno que afecta a las competencias de la Guardia Civil en Navarra, País Vasco o Cataluña, relacionadas con Tráfico, montaña o explosivos. "Este es un nuevo movimiento de este gobierno para hacer desaparecer a la Guardia Civil poco a poco, sin que el ciudadano se dé cuenta y por la puerta de atrás".
"Esta actitud del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior para favorecer a la Policía Nacional y autonómicas, mejor posicionada en los ambientes políticos que el instituto armado, como puede verse con el comisario José Antonio Rodríguez, alias Lenin, y sus afines, tendrá repercusiones negativas, no sólo operativas o familiares entre los agentes, hombres y mujeres, y sus familias, sino que supone un paso más en la salida definitiva del Estado en Cataluña y País Vasco ahora también en el control de las fronteras como reconoce el Director del Gabinete de Coordinación en su reciente informe", apuntan desde AUGC.
"Y todo ello bajo la vigilancia activa de la agencia Frontex y de la propia Comisión Europea, que ya piden explicaciones por escrito al Ministerio del Interior de quién es el competente en las fronteras exteriores de la Unión. Y todo esto sucede, para mayor gravedad, en plena presidencia europea por parte de España".
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