La asociación Jucil, de la Guardia Civil, ha dirigido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicita que el Consejo de Ministros revise las listas electorales de la formación radical vasca EH Bildu, en las que se han incorporado a 44 condenados por delitos de terrorismo relacionados con la banda terrorista ETA, de los cuáles siete lo fueron como autores de delitos de sangre. Este mismo lunes, EH Bildu ya ha anunciado que los siete miembros de sus listas implicados en asesinatos no tomarán sus cargos tras el 28-M.
De igual forma, han dirigido un escrito a la Fiscalía General con esta misma petición a la que añaden la de que los sueldos y salarios públicos que puedan ganar esos candidatos si obtienen un escaño sea destinado a la reparación de los daños a las víctimas de sus delitos. Jucil asegura en su carta al presidente que tanto él como la Fiscalía "se hallan legitimados para iniciar el proceso de ilegalización" de una agrupación política cuando introduzca “como directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no haya rechazado públicamente los fines y los medios terroristas”, en base al artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
“La inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo supone una grave situación, desde luego contraria a la memoria de las víctimas del terrorismo y por supuesto; un auténtico insulto y una humillación para nuestros compañeros heridos y fallecidos en atentados cometidos por componentes de ETA, así como también supone una afrenta muy dolorosa para los descendientes, familiares y amigos de estas víctimas” declara el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño.
Amparo a la Fiscalía
El escrito dirigido por la asociación de la Guardia Civil a la Fiscalía incluye la demanda de que inicie “las acciones legales oportunas por un posible delito de quebrantamiento de condena por parte de los candidatos que lo son estando sujetos todavía a pena privativa de derechos que lo impida”, indica el escrito.
Jucil demanda además que “se verifique el resultado del mencionado proceso electoral, y tras ello, de ser procedente, realice las acciones oportunas para, en su caso, proceder a destinar con los límites legales existentes los salarios de los candidatos electos a completar las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil y multas que pudieran estar pendiente de pago íntegro”, exige la solicitud entregada a la Fiscalía.
Jucil, además, ha dirigido otro escrito a la Junta Electoral Central, reclamando que revise las candidaturas de EH Bildu con el fin de comprobar si los candidatos incluidos en ellas han cumplido o no la totalidad de sus condenas. “La inclusión en las listas electorales de personas condenadas por terrorismo o pertenencia a organización terrorista, que se presentan en los mismos territorios, e incluso localidades donde cometieron sus delitos, y pueden seguir residiendo sus víctimas, es un hecho que debe ser objeto de especial tutela y control por parte de los órganos electorales competentes” argumenta la asociación profesional en su escrito.
“Para poder presentarse a las elecciones, estas personas han de haber extinguido por completo las penas que, de manera directa o accesoria, impidan presentarse a la elección como cargo público o desempeñarlo, así como las de residir o aproximarse a lugares o víctimas como consecuencia de su ejercicio, que limitaría”, añade la solicitud de revisión dirigida por Jucil a la Junta Electoral Central.
“Es frecuente que existan personas que, como consecuencia de los beneficios y el régimen penitenciario existente, no ingresen en prisión u obtengan la libertad condicional o un régimen abierto, pero sin haber extinguido todavía su responsabilidad penal, al no haber cumplido íntegramente las penas a que estuvieron condenados, y en particular las privativas de derechos”, agrega Jucil.
Y añaden desde la asociación representativa de la Guardia Civil: “Si alguno de los candidatos incurre en causas de inelegibilidad por no haber extinguido completamente la responsabilidad penal, y en particular las penas privativas de derechos, solicitamos de la Junta Electoral que se anulen y se dejen sin efecto esas candidaturas, sin perjuicio de adoptar las medidas de otra índole que procedan y de poner en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades competentes dicha conducta, a los efectos que puedan proceder”.
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