La agricultura y los supermercados están destinados a un trágico final donde ninguna de las partes sean capaces de tenderse la mano y firmar la paz. Las constantes idas y venidas han provocado la crisis inflacionista que se lleva experimentando en España desde principios de 2023, donde los precios han duplicado su precio en tan solo doce meses. Una disyuntiva que, como siempre, acaba repercutiendo al consumidor, sin olvidarnos de los grandes damnificados del pasado año: los trabajadores del campo.
Tal y como explicamos en Vozpópuli, el último informe Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos del mes de febrero de 2024 ayuda a esclarecer las dudas que giran en torno a la diferencia de precios de la que tanto se quejan los agricultores españoles. Exceptuando el caso del aceite de oliva, de la leche de vacas y del huevo M, el resto de alimentos que recoge el COAG tienen una diferencia porcentual entre el precio de origen y de destino de más de un 100%, siendo los dos casos más llamativos el limón con un 1.069% y el plátano con un 681%.
Una situación crítica que ha dejado en jaque mate a la agricultura que, tras un 2023 marcado por las nefastas condiciones climatológicas que mermaron la cosecha, ve como los supermercados tienen que optar por el producto extranjero para tener stock de ciertos productos. Una realidad que provoca cuestiones como la alerta por unas fresas llegadas desde Marruecos que, supuestamente, estaban contaminadas con Hepatitis A, según se notificó en un comunicado publicado este lunes en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert Sytem Feed and Food).
Una guerra interna entre los supermercados y la agricultura que transciende más allá de que las judías verdes y aguacates que se venden Mercadona, Ahorramas y BM sean de Marruecos o que las lentejas procedan de Canadá y las alubias pintas de Argentina, si no que también exigen que se identifique con claridad el origen de los alimentos que utilizan en los productos que venden.
Asaja exige que se indique el origen de la fruta de los zumos que se venden en los supermercados
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) ha puesto los puntos sobre las íes. La delegación en Córdoba, por medio de su presidente Ignacio Fernández de Mesa, ha destacado la importancia de instaurar y obligar tanto a los supermercados que comercializan los productos, como a las empresas que producen los zumos que se indique en la parte delantero del envase el nombre del país de origen de la fruta utilizada.
"Fernández de Mesa explica que deberían adoptarse unas normas de comercialización vigentes aplicables a los zumos y cumplir unas normas sobre etiquetado, en el que tendría que aparecer la nomenclatura, la composición, el país de procedencia, y, en caso de que se hayan mezclado, debería figurar en la etiqueta, en orden descendente, los países en función de la proporción de fruta que contenga el producto", explica Asaja a través de su página web.
Competencia desleal y un engaño al consumidor que carece de la información necesaria para conocer con exactitud si están apoyando al campo español o, por el contrario, si las frutas utilizadas son de exportación. Un factor que entra dentro de la ecuación del campo, por lo que es fundamental apostar por la transparencia de las empresas y supermercados a la hora de elaborar un etiquetado más claro. No solo eso, sino que el presidente de Asaja Córdoba considera que esta nueva norma debería servir para promover la producción de estos productos en la Unión Europea.
¿Es tan crucial la inclusión del etiquetado de origen en los zumos? Según los trabajadores del sector supondría un punto y aparte y, sobre todo, "se evitarán las consecuencias de una competencia desleal en cuanto a que los productos agroalimentarios importados no reúnen los estándares de calidad que se exigen en los países europeos".
Para terminar, Asaja asevera la importancia de esta nueva propuesta a la hora de mejorar la transparencia de los productos que se venden en los supermercados: "Para Asaja, la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro y respeto a la libre competencia en el mercado, así como la rentabilidad del sector agroalimentario español contribuyen a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos, su disponibilidad y calidad, mejorando el acceso a la información y trazabilidad de la cadena alimentaria".
La otra cara de la moneda son los propios supermercados, que tal y como explica Juan Roig, en el caso de Mercadona, el 85% de los productos que vende procede de España y Portugal; sin embargo, tienen que recurrir a terceros países para tener disponibles naranjas o piñas durante todo el año. Un paradigma que ha desembocado en la 'revolución del campo' como la última bala para revertir sus pésimos resultados y como un grito de auxilio para que las entidades europeas dejen de tensar la cuerda que no les permite respirar.
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