La división del movimiento feminista en torno a la 'ley Trans' que prepara Irene Montero no solo está provocando un incendio político en el seno del Gobierno. Las mismas organizaciones que acusan a la ministra de Igualdad de convertirse en "altavoz de quienes promueven normas que socavan los derechos de las mujeres basados en el sexo" han puesto en la diana a otros Ejecutivos autonómicos que trabajan en articulados sobre el mismo asunto.
Es el caso del Gobierno del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y su anteproyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, cuyo proceso de participación acaba de finalizar. Un texto en el que algunas organizaciones feministas perciben "incoherencias" con respecto al argumentario interno difundido desde Ferraz este verano y que está firmado por Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Gómez de Celis. El Ejecutivo castellanomanchego niega la mayor.
Entre estas asociaciones destacan las que se agruparon hace unas semanas en la llamada 'Alianza Contra el Borrado de las Mujeres', una plataforma que ya ha advertido de su disposición a "iniciar litigios" contra la normativa promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ahora, la nueva 'alianza' ha puesto la lupa en otras normativas autonómicas en torno a la transexualidad y carga contra la iniciativa promovida por la consejera de Igualdad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, "por incluir el género como una identidad humana y considerar el sexo de las personas como algo irrelevante".
Exigen "coherencia" en el PSOE
La entidad -que también cuenta con muchas detractoras dentro del feminismo- exige al PSOE actuar con coherencia en defensa de los derechos de las mujeres sobre la base del documento 'Argumentos contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres' que Ferraz remitió a los cuadros orgánicos el pasado mes de junio y que levantó una polvareda en el Gobierno de Sánchez.
Ese escrito señala con rotundidad que el sexo es un hecho biológico y el género una construcción social y está firmado por Calvo, Ábalos y De Celis.
"Este argumentario obliga al PSOE a actuar con coherencia con su tradición de apoyo a la agenda feminista y no saltar al vacío de las imprecisiones jurídicas y la negación de la realidad científica y jurídicamente constatable", consideran desde la alianza.
Ese apoyo, dicen, se rompe si el PSOE promueve o secunda "leyes profundamente misóginas que niegan la realidad de las mujeres y pretenden que el sexo registral sea una elección ficcionada para el conjunto de la población".
A pesar de que la propuesta de Castilla-La Mancha se aleja del corta y pega de otras autonomías, también introduce conceptos sexistas que interpretan el género como una identidad humana"
"A pesar de que esta propuesta de la Junta de Castilla-La Mancha es más sensata y se aleja del corta y pega habitual de otras legislaciones autonómicas, introduce, como aquellas, conceptos sexistas que interpretan el género como una identidad humana", indican a través de un escrito en el que también piden reunirse con la responsable de Igualdad del Gobierno de Page.
Para este grupo de feministas -y en contra de los postulados que avala la 'ley Trans' de Montero-, defender el concepto 'identidad de género' implica amparar "un supuesto derecho a la elección discrecional del sexo
registral, se tenga o no disforia o incongruencia de género". A su juicio, esas propuestas "chocan frontalmente con los derechos de las mujeres y con las leyes contra la violencia y por la igualdad".
"Estas leyes se ponen en marcha sin un debate social que permita conocer las consecuencias prácticas para las mujeres y las niñas/os pero también para las personas con disforia de género", zanjan.
CLM habla de "competencia estatal"
Desde el Gobierno de García-Page defienden que su norma no pretende abrir polémicas. "Hemos huido del reconocimiento de la autodeterminación de género, que sí reconocen legislaciones autonómicas como Madrid, Valencia, Andalucía, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, Baleares o País Vasco, es decir, comunidades donde gobierna el PP, el PSOE o el PNV", explican fuentes de la Consejería de Igualdad a 'Vozpópuli'.
"A pesar de la existencia de dichas leyes, algunas de muy reciente aprobación, no hemos incluido el concepto de 'autodeterminación de género' habida cuenta de la polémica existente y de que es competencia estatal de manera exclusiva y estas son competencias que no queremos invadir", reconocen. Según el Ejecutivo castellanomanchego, es la legislación básica del Estado la que ha de resolver si se regula sobre 'identidad sexual' o 'identidad de género'.
Hasta ahora se hablaba de identidad sexual y de género como expresiones sinónimas", defiende la Consejería de Igualdad
"Hasta ahora ambos conceptos se han utilizado indistintamente: se hablaba de identidad sexual y de género como expresiones sinónimas. Así lo hemos contemplado en el borrador, como expresiones sinónimas, habida cuenta de la existencia de legislación básica del Estado en este sentido", argumentan.
Según el posicionamiento fijado desde Ferraz, sostienen, se pueden utilizar ambos términos cuando hablamos de "no discriminación y garantía del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la
persona".
Las mismas fuentes de la Consejería de Igualdad destacan que en su propuesta sí aparece garantizada la "despatologización" de la transexualidad como marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Analizaremos todas las alegaciones que se han presentado por los diversos colectivos. La Consejería se reunirá con todos los que lo soliciten una vez analizadas rigurosamente sus propuestas y comparadas con la legislación nacional e internacional existente", garantizan.
Por su parte, la ministra Irene Montero aseguró este martes en el Senado que la 'ley Trans' que prepara ha recibido 60.000 aportaciones durante la consulta pública abierta por el Ministerio hasta el pasado 18 de noviembre. "El 96% de ellas, de apoyo", celebró.
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